Retraso de tres años en la inversión forestal del PDR-Andalucía

//Retraso de tres años en la inversión forestal del PDR-Andalucía

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía no cumple su presupuesto en inversión forestal

Así de contundente se ha mostrado la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) que denuncia “el incumplimiento sistemático en la ejecución de los presupuestos” de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía. Según sus datos, de los 422 millones de euros previstos en el marco comunitario del Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 se han invertido alrededor de 50, lo que supone un 12 % de lo presupuestado, a dos años de que finalice este periodo. 

El Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 preveía una inversión de 422 millones de euros en el medio forestal repartidos de la siguiente manera:
– 200 millones dirigidos a inversión en fincas particulares a través de órdenes de subvenciones. Hasta la fecha solo se han publicado 14,5 millones de euros que aún están sin ejecutar porque el periodo de presentación de ayudas finalizó el 11 de octubre y a partir de aquí hay seis meses como máximo para resolver los expedientes. Estas ayudas son las destinadas a actuaciones de prevención de incendios forestales.
– 222 millones de inversión en montes públicos y consorciados. De ellos el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, se comprometió en 2016 a licitar una media de 30 millones anuales. En tres años de vigencia del Plan se han licitado 30 millones, es decir un tercio de lo previsto.

 

Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio se ha alegado cuestiones burocráticas y legales para justificar el retraso de más de dos años en la puesta en marcha del Plan: el cambio del marco normativo europeo en la gestión de estos fondos y la modificación de la Ley de Contratos Públicos aprobada en 2015 y que entró en vigor en 2017.

 

PDR, AndalucíaPara Javier Loscertales, director-gerente de AAEF, “es algo que no se entiende. Podemos comprender que los cambios administrativos burocráticos que se producen en cada nuevo Marco de Desarrollo Rural pueden originar un retraso porque hay que conocerlos e implantarlos, lo que no tiene lógica es que no se prepare un banco de proyectos paralelamente a la adaptación burocrática para que una vez se ha hecho esta se puedan presentar los proyectos y ponerlos en marcha inmediatamente. Como tampoco se entiende que en dos años de entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos Públicos no se tengan preparados los instrumentos para no parar la contratación. En definitiva, falta planificación en la administración pública”. Aún así, reconoce la labor de los funcionarios que están en la Consejería de Medio Ambiente destinados a sacar adelante todos los proyectos. “Sin medios no se puede trabajar”. Y lanza un mensaje a los responsables políticos de la Consejería “tienen ustedes muchos millones de euros de la Unión Europea esperando para ser invertidos en le medio natural andaluz, pongan los medios necesarios para agilizar su utilización porque al ritmo que vamos podemos perder un porcentaje importante de ese dinero”. Loscertales denuncia que este retraso “vergonzoso” en la puesta en marcha de estos planes “es una pérdida de inversión en el medio natural, es muy perjudicial para las empresas afincadas en el territorio, para los propietarios forestales y para los trabajadores pues impide la creación de nuevos puestos de trabajo”.

 

Ante el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía el gerente de AAEF se pregunta cuánto tiempo van a tardar en ponerse al día de todas estas cuestiones y el retraso que otra vez más podría originar en la licitación de estos proyectos. “A los nuevos responsables políticos les pedimos que pongan inmediatamente en marcha las ayudas y licitaciones, no podemos continuar con esta parálisis”. En junio de 2018 la AAEF denunció que la crisis había provocado el cierre de un 30 % de las empresas de obras y servicios forestales por falta de inversión en el medio natural.

 

“Vamos con tres años de retraso, nos quedan dos para terminar el marco de financiación de los PDR y se han invertido menos de cincuenta millones de los más de 400 previstos, es una barbaridad”. Y manifiesta una preocupación más, “ahora la UE debe hacer una revisión intermedia de cómo van las inversiones y las obras. Si fuesen según lo previsto podríamos acceder a unos nuevos fondos auxiliares, algo que no va a suceder. Pero es que, a este ritmo, no vamos a ser capaces de ejecutar lo presupuestado al final del periodo en 2020, lo que originará que perdamos una buena cantidad de millones de euros”.

Licitaciones y encomiendas de obra

Ante el riesgo de perder los fondos europeos presupuestados en el PDR por incumplimiento, la AAEF teme que la Consejería “acelere” los trámites administrativos y “en vez de licitar las obras comprometidas acabe realizando encomiendas de obra a las empresas públicas, algo que ya hizo durante los años de mayor incidencia de la crisis y que ha vuelto a hacer ahora”. Recientemente, la Plataforma de Contratación Pública de la Junta de Andalucía informaba de varios encargos directos a la Empresa de Transformación Agraria SA (Tragsa) para el servicio de modernización y mejora de los caminos forestales en las diferentes provinciales andaluzas, todo ello por importe superior a los 13 millones de euros.

 

La AAEF ha recurrido ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía lo que considera “un uso abusivo de esta fórmula de contratación de obra pública que podría contravenir la propia ley de contratación pública”. Argumenta la patronal forestal andaluza que los trabajos encargados a Tragsa han sido desempeñados, tradicionalmente, por empresas forestales del sector privado “con solvencia y mejores precios”. Por tanto, “no existen motivos que justifiquen esta avalancha de encargos, ni bajo criterios de eficiencia económica ni por motivos de urgencia o seguridad pública, requisitos del todo necesarios para que primaran el encargo directo frente a la contratación pública”. En su opinión, este tipo de contratación “supone un importante agravio a las normas de la competencia, algo que ya ha sido reconocido por el Consejo Nacional de la Competencia y el Tribunal de Cuentas en recientes informes”.
Ismael Muñoz
@Ismaelnatura
2019-04-26T10:45:37+02:0011 enero, 2019|Categorías: Gestión Forestal|Etiquetas: , |Sin comentarios

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