Entrevista a Jesús Casas Grande, presidente del Grupo Tragsa

///Entrevista a Jesús Casas Grande, presidente del Grupo Tragsa

“Tragsa es una empresa con vocación de servicio público”

El 26 de febrero se aprobó el Real Decreto que regula la actividad del Grupo Tragsa. Es la culminación legal de un proceso que ha incluido Ley de Contratos del Sector Público, con las transposición de la normativa europea sobre medios propios de la Administración Pública, y los nuevos estatutos del grupo. El cuadro se completa con la aprobación del nuevo Plan Estratégico 2019-2023, lo que dibuja un nuevo horizonte para una empresa referencia de las actuaciones públicas en el medio natural.
Hablamos con el presidente de Tragsa, Jesús Casas Grande, ingeniero de montes y funcionario público, que ha pasado por diversos puestos de responsabilidad dentro de la Administración Pública lo que le permite conocer la trayectoria y actividad de Tragsa a la perfección. Él nos desgrana los cambios legales, estatutarios y estratégicos que van a transformar a Tragsa, su actividad y su papel en el mercado de obras y servicios, así como la orientación y el futuro de la empresa.

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Jesús Casas, presidente del Grupo Tragsa

¿Por qué era necesario cambiar el régimen jurídico de Tragsa?

El armazón jurídico de los medios propios siempre ha tenido una cierta indefinición. Y esta situación ha venido a cambiarla una Directiva de la Unión Europea que dice cuándo una administración puede tener medios propios, cómo deben ser, qué condiciones deben cumplir, cómo deben contratar, etcétera.

La Ley de Contratos del Sector Público incorpora un artículo específico, el art. 32, sobre los medios propios, transponiendo la legislación europea a la española. Pone las condiciones para ser medio propio de la Administración: control absoluto; titularidad pública cien por cien; más del 50 % de las actuaciones tiene que hacerlas con medios propios no puede subcontratarlo; cuando lo hace tiene que hacerlo en condiciones de licitación como si fuese la Administración, etc. Y, específicamente, dedicó la disposición adicional 24 a Tragsa, que es el único medio propio de la administración española que tiene esa atención especial.

¿Qué supone esta nueva Ley de Contratos Públicos para Tragsa?

Esta ley provoca un cambio importante en Tragsa que hasta entonces era una empresa de la Administración General del Estado. Lo que exige la nueva legislación comunitaria y española es que para ser medio propio de alguien ese alguien debe ser el dueño, debe tener control y dominio accionarial. La ley dice que no solo va a ser dueño de Tragsa la Administración General del Estado sino que todas las Comunidades Autónomas deben comprar acciones, incorpora a las diputaciones, a los consejos insulares y a los cabildos. En la práctica, lo que crea es una empresa muy compleja porque debe tener 74 dueños.

Desde que se ha puesto en vigor la legislación a Tragsa se han incorporado 26 nuevas administraciones públicas lo que hace que Tragsa tenga en estos momentos 46 dueños. Y deberemos estar todos, si una Diputación, por ejemplo, decide no estar entonces no seremos medio propio.

La ley dice que no solo va a ser dueño de Tragsa la Administración General del Estado sino que todas las Comunidades Autónomas deben comprar acciones, incorpora a las diputaciones, a los consejos insulares y a los cabildos. En la práctica, lo que crea es una empresa muy compleja porque debe tener 74 dueños.

Esto supone un cambio sustancial en lo que ha sido hasta ahora Tragsa

Así es. Pero han sucedido varias cosas importantes desde entonces: hemos tenido que cambiar los estatutos para dar entrada a nuevos socios y también para definir perfectamente cuál es nuestro objeto social. Esto tiene que ver con la estrategia que en los últimos años se había seguido de utilizar a Tragsa como como bálsamo para todo, incluso para hacer construcciones en zonas urbanas. Ahora Tragsa puede hacer actuaciones en el medio rural, desarrollo rural, medioambiente, naturaleza, actuaciones agrícolas y forestales, lo clásico, vaya, más los servicios que ofrecemos en Tragsatec. Solamente nos podemos salir de eso cuando hay un abandono o un desierto en una obra o actuación.

Los estatutos también dan más peso a la junta de accionistas frente al consejo de administración porque en la junta están representados todos.
Ya teníamos ley con transposición comunitaria, en segundo lugar hicimos los nuevos estatutos pero necesitábamos establecer las reglas del juego.

Las que viene a marcar el Real Decreto, si no me equivoco

Efectivamente. Este es el Real Decreto que establece cómo va a ser el régimen de funcionamiento, que no parece razonable que lo hagamos nosotros. La modificación fundamental es que al ser medio propio no puede tener beneficios y debe imputar los costes reales. Estos costes, cuando hay una tarifa oficial, no hay duda de cuáles son, pero cuando subcontrato ya no puedo aplicar esa tarifa, lo que cobro es el coste de la subcontrata. Tragsa no puede cobrar más a la Administración de lo que le cuesta hacer la ejecución. Debe tratar además de que ese coste se corresponda con el coste real de la calle y debe estar en condiciones de acreditarlo. Todo esto forma parte de la modificación del régimen jurídico.

En definitiva, sirve para darnos a nosotros seguridad jurídica pero también a las administraciones públicas cuando deciden encargarnos alguna cuestión.

¿Cuál es el plan de futuro de Tragsa?

El futuro de Tragsa pasa por la Ley de Contratos Públicos del Estado, por los nuevos estatutos y el régimen jurídico que marca el Real Decreto. Pero, además, en el consejo de administración del 26 de febrero hemos aprobado el Plan Estratégico 2019-2023. Y este plan es realmente importante porque la empresa no disponía de un plan estratégico desde 2010.

Parecía razonable pensar que al ser un medio propio instrumental, no tener vocación de licitar ni de competir con empresas privadas, no ser una constructora, no tener una posición de mercado predominante y que, ahora mismo, nuestro peso en la licitación pública de la Administración somos el 1,23 %, debíamos concretar en un plan estratégico qué queremos ser a medio plazo.

Con todo esto lo que hemos conseguido es cambiar por completo el régimen jurídico con el que el Grupo Tragsa se presenta ante la sociedad.

Y todo esto coincide con el primer año que Tragsa sale de resultados negativos desde 2011.

Es verdad que, por primera vez desde 2011, Tragsa no está en números rojos. Estamos en unos modestos números azules, alrededor de cinco o seis millones de euros que nos concretará ahora la auditoría. No debe ganar más porque Tragsa no debe tener beneficio porque no tiene que repartírselo a sus accionistas.
Estos números positivos son mérito de todos, de las personas que estaban a principio de año y de las que estamos ahora.

Por primera vez desde 2011, Tragsa no está en números rojos. Estamos en unos modestos números azules, alrededor de cinco o seis millones de euros. No debe ganar más porque Tragsa no debe tener beneficio porque no tiene que repartírselo a sus accionistas

Ha hablado antes de volver a los trabajos tradicionales de Tragsa. ¿Es esa la dirección estratégica del grupo?

Lo que queremos es recuperar un modelo tradicional. Queremos volver ser una empresa pegada al terreno, como medio propio de la Administración y con vocación de servicio público. La única razón de disponer de un medio propio es que la Administración consigue ser más eficiente, hacer las cosas mejor, dar servicio público y llegar a sitios donde la iniciativa privada tiene más difícil entrar. Lo que queremos es volver a esa Tragsa original, profunda que algunos dicen, que quizás en los últimos años se haya desdibujado fruto de la crisis y la necesidad de buscar nuevos recursos e ingresos. No queremos ser una empresa privada, queremos ser más una administración.

Somos un medio propio del conjunto de las administraciones territoriales españolas y eso es un elemento de cohesión territorial y ayuda a la construcción del país. Tragsa no es una empresa es un instrumento de la construcción nacional.

Debemos ser una empresa profesional, empezando por la dirección. Es bastante significativo que por primera vez la junta directiva esté formada solo por funcionarios.

Y, aunque no sea nuestro objetivo ganar dinero, sí es nuestra obligación tener sostenibilidad financiera, con un crecimiento sostenido en torno al incremento del IPC y al crecimiento general de la economía.

Después, si en alguna ocasión fuese necesario realizar algún tipo de ajuste que afectase al personal eso debe de hacerse con el acuerdo de los representantes sindicales. No puede volver a producirse un ERE como el que costó el despido de más de 500 trabajadores, el único que se ha hecho en la historia de las empresas públicas en España.

Y, por último, queremos ser una empresa ejemplar desde el punto de vista social, de conciliación, de capacitación y ser punta tecnológica.

Somos un medio propio del conjunto de las administraciones territoriales españolas y eso es un elemento de cohesión territorial y ayuda a la construcción del país. Tragsa no es una empresa es un instrumento de la construcción nacional

¿Cuáles serán las señas de identidad de esta nueva Tragsa?

En primer lugar la transparencia. Las administraciones tienen que ver mis costes, mis balances, mis trabajos, me fijan la plantilla y su retribución. Debemos tener los bolsillos de cristal.

La vocación de servicio público, en segundo lugar.

Y, tercero, tratar de hacer las cosas bien. Lo que nos interesa, por encima de cualquier otra cosa, ya que no podemos tener beneficios, es hacer nuestro trabajo bien en el territorio rural. Queremos ser un ejemplo de empresa pública en el ámbito profesional y en el social. El Gobierno no puede exigir a las empresas privadas un esfuerzo en conciliación, igualdad, formación o en responsabilidad social corporativa si desde las empresas públicas no hacemos ese mismo ejercicio.

Las empresas privadas de servicios y obras en el medio natural se quejan de que hay un abuso de encargos directos a Tragsa desde la Administración Pública

No puede haber abuso porque es un encargo voluntario y perfectamente legal. Tampoco puede haberlo cuando somos el 1,23 % de toda la contratación pública. Las Administraciones nos usan porque somos eficientes y eficaces y no podemos denostarlas porque nos encarguen trabajos que consideran que deban garantizar estas características.

No podemos olvidar que nuestra actividad supone mucho trabajo para muchos profesionales, tenemos más de 13.000 trabajadores. Y, por otro lado, nuestro trabajo de servicio público está muy pegado al de la administración y algunos de ellos difícilmente podría hacerlo la empresa privada.

También hay trabajos que por la evolución hemos dejado de hacer, como el de incendios forestales. Excepto las BRIF, que gestiona directamente el Ministerio, no tenemos más actuaciones porque lo que teníamos en Valencia va a pasar a la Comunidad a través de una empresa que va a crear.

Es decir, hemos sido pioneros en el desarrollo de actividades económicas y una vez que la iniciativa privada ha podido hacerlo retrocedemos.

No puede haber abuso porque es un encargo voluntario y perfectamente legal. Las Administraciones nos usan porque somos eficientes y eficaces y no podemos denostarlas porque nos encarguen trabajos que consideran que deban garantizar estas características.

Pero no son pocas las voces en el sector privado que consideran que Tragsa recibe demasiados encargos “a dedo” y que deberían licitarse entre las empresas privadas.

Me molesta cuando dicen que este o aquel trabajo se lo dan a Tragsa a dedo. A nosotros no nos dan nada a dedo porque somos parte del todo. Formamos parte de la estructura de la Administración y lo que hacemos es ejecutar las actuaciones que me encargan. Estoy fuera del proceso de licitación. Cuando tengo que subcontratar aplico la Ley de Contratos Públicos, con lo cual lo hago igual que cualquier organismo público.

Me molesta cuando dicen que este o aquel trabajo se lo dan a Tragsa a dedo. A nosotros no nos dan nada a dedo porque somos parte del todo. Formamos parte de la estructura de la Administración y lo que hacemos es ejecutar las actuaciones que me encargan.

¿Cuál es la influencia de Tragsa en el mercado de obra forestal?

Nuestro peso no es muy grande, es una cifra prudente. En repoblaciones forestales y tratamientos selvícolas en 2018 hemos realizado trabajos por valor de 33 millones de euros, frente a los más de 800 que factura el grupo, con presencia en prácticamente todas las Comunidades Autónomas y en ninguna es una cifra extraordinaria como para pensar que podemos afectar a un sector.

Tenemos una cuota de mercado pero no somos excluyentes, hacemos cosas que las empresas privadas aún no pueden hacer y en la medida en que las empresas privadas alcanzan cuotas de eficiencia superior a la nuestra nos retiramos.

Sin embargo, muchas Comunidades Autónomas han ido creando sus propias empresas públicas.

Sí pero esto está sufriendo una modificación porque cuando se aprobó la Ley de Contratos del Sector Público lo primero que tuvo que tener Tragsa es una especie de certificado, expedido por la Intervención General del Estado en octubre de 2017, diciendo que tiene condiciones para ser considerado medio propio. Esto no lo están logrando algunos medios propios autonómicos porque hay un nivel muy alto de exigencia de ejecución directa de obra por parte del medio propio. Sí están cumpliendo esas condiciones en el caso de servicios por lo que alguna de estas empresas está derivando hacia una empresa de servicios.

¿Hay un exceso de empresas públicas en este sector?

Cada Administración es libre de organizarse como crea conveniente. Por otro lado, cualquier cosa que yo diga, como gran medio propio del Estado, puede entenderse como un intento de monopolizar. Sí que observo, como ciudadano, que hay un gran número de empresas públicas que quizás merecerían una reflexión.

Nosotros, por ejemplo, vamos a cerrar las dos filiales que tenemos en el exterior, Tragsa Brasil y Tragsa Paraguay, porque entendemos que no tiene ningún sentido que teniendo vocación de servicio tengamos una filial en Brasil para hacer, principalmente, viviendas.

cualquier cosa que yo diga, como gran medio propio del Estado, puede entenderse como un intento de monopolizar. Sí que observo, como ciudadano, que hay un gran número de empresas públicas que quizás merecerían una reflexión

El Real Decreto habla expresamente de la posibilidad de desarrollar trabajos fuera de España

Así es, pero hemos hecho la reflexión de que si no somos una empresa privada dentro de España no lo somos tampoco fuera. Nuestra vocación es la de ser una empresa de servicio público tanto dentro como fuera. Nosotros somos medio propio de la Agencia Española de Cooperación Internacional AECID y de las agencias de cooperación autonómicas, podemos ser cedidos a la Unión Europea en caso de necesidad y en ese sentido sí tiene sentido nuestra actuación en el exterior como empresa de servicio público, no como empresa privada. No vamos a licitar ni a competir en el exterior con las empresas españolas, en todo caso podremos colaborar o participar en algún proyecto si el Ministerio considera que se trata de una actuación estratégica para España.

Las actuaciones exteriores que hemos desarrollado en los últimos años nos han dejado deudas, contratos complicados que hay que resolver y una madeja que desenredar que nos puede llevar años y dinero.

Hemos hecho la reflexión de que si no somos una empresa privada dentro de España no lo somos tampoco fuera.No vamos a licitar ni a competir en el exterior con las empresas españolas, en todo caso podremos colaborar o participar en algún proyecto si el Ministerio considera que se trata de una actuación estratégica para España

Hay una cuestión muy concreta por la que quiero preguntarle que es el convenio firmado con los trabajadores de las BRIF en diciembre de 2017 y que aún no ha entrado en vigor, con la preocupación y el malestar que ha originado entre los miembros de estas brigadas. ¿De qué depende que entre en funcionamiento?
Sergio Colinas, osbo

Miembros de las BRIF en un incendio. Foto Sergio Colinas

Hay que entender que los trabajadores de las BRIF son trabajadores públicos y las retribuciones no las decide Tragsa, lo decide el Ministerio de Hacienda, como las retribuciones de negociación colectiva del sector público, de acuerdo con los márgenes que marca la Ley de Presupuestos. Es verdad que se firmó un preacuerdo en 2017, que no es firme en tanto no esté validado, y que lo que establece es un cambio en las condiciones de trabajo, por tanto, un convenio nuevo.

En marzo de 2018 se valida desde el punto de vista técnico por SEPI y se manda a la Comisión Interministerial de Negociación Colectiva que es donde está. Tanto por parte del Ministerio de Agricultura como por Tragsa, se está insistiendo en que se valide lo antes posible. Entiendo la preocupación de los trabajadores por el tiempo transcurrido, pero al estar en una empresa pública sometida a control de legalidad implica que la compañía no tiene libertad para hacer lo que quiera.

Desde el Ministerio se tiene muy claro la utilidad del dispositivo y se está haciendo un esfuerzo para defender que sus condiciones de trabajo sean las mejores posible. Pero también es cierto que los cambios de gobierno suponen cambios en las comisiones interministeriales y que cada administración marca sus tiempos. Yo tengo que ser muy respetuoso con los tiempos de otras Administraciones Públicas aunque con el deseo de que se solucione cuanto antes.

Ismael Muñoz
@Ismaelnatura

2019-03-11T13:46:02+00:008 marzo, 2019|Categorías: Entrevistas|Etiquetas: , |Sin comentarios

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