La ordenación urbanística española no contempla el riesgo de incendio forestal
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales alerta del peligro que corren urbanizaciones, poblaciones y personas en entornos forestales por el riesgo de incendios y denuncia la falta de previsión, prevención y planes de autoprotección. La Costa del Sol, la Costa Dorada, la Comunidad Valenciana, la sierra de Madrid o las Islas Baleares son las zonas urbanísticas señaladas por el COITF como las de mayor riesgo.
Urbanización en Formentera. Foto COITF
Solicita el COITF una planificación “a todas las escalas (prevención, emergencias y autoprotección) de estas zonas especialmente sensibles para abordar el problema desde todas sus dimensiones”. Pone como ejemplo lo sucedido en Estados Unidos, Grecia, Portugal o Canadá para que “no suceda los mismo aquí, pero seguimos tentando a la suerte”.
Para el COITF “se debe exigir que existan planes de prevención contra incendios forestales en todas las zonas de alto riesgo declaradas por las Comunidades Autónomas, especialmente en urbanizaciones y lugares de masiva afluencia turística”. Y lanza una advertencia estos planes “deben ejecutarse y no quedarse en una estantería de una dependencia municipal”.
Situación dispar en cada Comunidad
La situación por comunidades autónomas es desigual, mientras que unas han promovido mediante órdenes y subvenciones la elaboración de estos planes, otras han dejado en manos de los municipios su elaboración ya que son las entidades locales las responsables de disponer de ellos.
En la Comunidad Valenciana, con su campaña «Stop al foc» y una subvención del gobierno autonómico ha permitido a más de 250 municipios elaborar sus planes de prevención que deberán ahora ejecutarse a lo largo de los próximos años. Juan Manuel Batiste decano del COITF en la Comunidad Valenciana cifraba entre seis y siete millones de euros anuales el presupuesto necesario para ejecutarlos.
En Galicia la elaboración de los planes de prevención va en paralelo con un “convenio de protección de las aldeas”. Los dueños de las fincas que rodean estas localidades deben realizar fajas de limpieza de vegetación. Este convenio permite a los municipios conocer, mediante una aplicación informática quiénes son los dueños de esas fincas para avisarles de que deben ejecutar ese tratamiento. En caso de que no quieran hacerlo puede hacerlo la administración pública de forma subsidiaria y será el ayuntamiento quien repercuta en el vecino los costes de la misma.
Ofrece la Consellería de Medio Rural, a través de su empresa pública de servicios agroforestales, un presupuesto cerrado de 350 € por cada hectárea tratada. De momento son 350 los contratos firmados con particulares para realizarlos, son 220 los municipios que han pedido su adhesión al plan y 97 los planes de prevención realizados.
Urbanización en Ibiza. Foto COITF
En Castilla y León, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recordó, tras el incendio de Pedro Bernardo en julio de este año y la polémica sobre la disponibilidad de medios en ese momento, que era obligación de los municipios disponer de estos planes de prevención.
“Si la situación general de los municipios, salvando las excepciones, es de escaso conocimiento y preocupación por disponer de planes de prevención, la de las urbanizaciones y particulares con sus planes de autoprotección es decepcionante. Raro es encontrarse una urbanización que haya hecho los deberes. No existe una percepción real del riesgo”, comenta Raúl de la Calle, secretario general del COITF.
Aviso del Fiscal Coordinador de Medioambiente
La preocupación por estos planes ha llegado hasta la Fiscalía de Medioambiente y Urbanismo quien comunicó a 151 municipios de Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Andalucía la apertura de un expediente por no haber respondido a tiempo a su requerimiento de información sobre sus respectivos planes de prevención. Y les recordaba la responsabilidad en la que pueden incurrir en caso de que suceda un incidente en un incendio forestal en su municipio y no dispongan del plan de prevención.
Una vez más, el COITF recuerda que “la presencia de urbanizaciones, edificaciones, infraestructuras y personas en contacto directo con zonas forestales influye de forma determinante en el comportamiento de un posible incendio forestal y en la forma de atacarlos”. El ejemplo más cercano lo hemos tenido en los incendios de Gran Canaria de Tejeda y Valleseco donde la prioridad de los equipos de extinción ha sido “salvar a las personas” por el gran número de núcleos urbanos diseminados por el territorio. Cerca de 10.000 personas tuvieron que ser desalojadas.
Esta situación no solo supone un riesgo para las personas que viven en zonas de interfaz urbano-forestal, lo suponen también para los equipos de extinción y protección civil. Para el COITF estos equipos “no pueden, ni deben, asumir toda la responsabilidad y no pueden ponerse en una situación de riesgo continuo, particularmente si no se han observado las mínimas normas de autoprotección y prevención”.
Para los ingenieros forestales no se trata solo de un problema medioambiental, “se trata de un problema de seguridad nacional”.
