Tragsa tiene una cartera de pedidos de 1.180 millones de euros hasta finales de 2019
El grupo Tragsa tiene en 2019 la cartera de pedidos más alta de los últimos diez años. Está previsto que alcance los 1.180,7 millones de euros, según ha trascendido de la reunión que esta mañana han mantenido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas.

Luis Planas y Jesús Casas en la sede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
La reunión tenía como objeto “analizar el balance de actuaciones de este año y las perspectivas para el futuro” de la empresa pública de Transformación Agraria (Tragsa) y su filial de servicios Tragsatec.
En 2018 los resultados del Grupo fueron positivos, pues terminó con un beneficio de 5,6 millones de euros y una facturación final de 811,4 millones de euros. Es la primera vez desde 2011 que la empresa no está en números rojos, aunque tampoco debe tener beneficios, puesto al ser un medio propio de la Administración Pública, no debe repartir beneficios entre sus accionistas.
Da trabajo de 13.000 trabajadores, entre ellos a los 500 profesionales que trabajan en las diez Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales BRIF. Su nuevo convenio, aprobado por el Ministerio de Hacienda en julio de este año, ha sido motivo de conflicto social dentro de la empresa, por cuanto fue acordado en diciembre de 2017 entre la empresa y los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF, mientras que CGT no quiso firmarlo, y no fue ratificado hasta un año y medio después. Aún hoy colean flecos importantes de ese convenio que les reconoció la categoría laboral de bombero forestal.
Los trabajos relacionados con la selvicultura y el sector forestal realizados por el Grupo durante 2018 ascienden a algo más de 33 millones de euros.
«Una labor particularmente penosa y de riesgo»

Las condiciones de extinción son «particularmente penosas y de riesgo» ha afirmado Luis Planas, ministro de Agricultura. Foto ATBRIF
El ministro Luis Planas, en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros, reconoció que “la labor de extinción es particularmente penosa y de riesgo”, y aseguró que «el Gobierno vela por cuidar a unos trabajadores implicados y comprometidos contra los incendios». En el caso de las BRIF añadió su compromiso con “una mejora en sus condiciones de trabajo que es justificable de cara al riesgo y condiciones que tienen que soportar«.
No ha tardado la Asociación de Trabajadores de las BRIF, ATBRIF, en preguntarle públicamente al ministro “¿cuáles son esas mejoras en las condiciones de trabajo de las que habla?, ¿de trabajar todo el año y no enviarnos al paro 21 días en diciembre?”, a lo que el ministro aún no ha respondido públicamente.
Algunas reivindicaciones que se quedaron fuera del acuerdo del convenio siguen siendo caballo de batalla para los trabajadores de las BRIF, como el reconocimiento de la toxicidad del humo, la formación continua en los cuatro módulos que comprende la actividad del bombero forestal, la segunda actividad para toda la plantilla de las BRIF y no solo el 10 % como está reconocida ahora, o cuestiones tan aparentemente sencillas y concretas como “disponer de lavadoras industriales en las bases para que podamos lavar en el trabajo los epis, llenos de hollín y ceniza, y no tener que llevarlos a casa ni costear nosotros su limpieza”, comentan desde el sindicato CGT.
Tragsa tiene nuevo estatuto y plan estratégico

Plataforma Miralmar (Ceuta) realizada por Tragsa. Foto Tragsa
El Grupo Tragsa, tutelado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuenta con un accionariado constituido por administraciones y entidades entre las que destacan como accionistas mayoritarios la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con un 51 % de su capital social, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA, con un 38,9 %) y la Dirección General del Patrimonio del Estado (9,9 %). Su condición de medio propio le obliga a que entre en el accionariado todas las administraciones públicas como Comunidades Autónomas, Diputaciones y Cabildos.
El 26 de febrero se aprobó el Real Decreto que regula la actividad del Grupo Tragsa. Es consecuencia de la nueva Ley de Contratos del Sector Público que es una transposición de la Directiva Comunitaria que establece cómo deben ser los medios propios de las administraciones públicas, qué condiciones deben reunir y cómo deben contratar. Este año se aprobaron también los nuevos estatutos del grupo y un nuevo plan estratégico 2019-2023.
Con los nuevos estatutos, Tragsa puede hacer actuaciones en el medio rural, desarrollo rural, medioambiente, naturaleza, actuaciones agrícolas y forestales, además de los servicios de Tragsatec. Solamente podrá desarrollar actividades fuera de esos ámbitos “cuando hay un abandono o un desierto en una obra o actuación”.
Según el presidente del grupo Tragsa, Jesús Casas, en una entrevista concedida a OSBOdigital, las señas de identidad de la empresa deben ser “transparencia, vocación de servicio público y profesionalidad para hacer un buen trabajo. Queremos ser un ejemplo de empresa pública en el ámbito profesional y en el social”.
Mucho bla bla.. Pero no dicen nada de que hay trabajadores y trabajadoras en fraude de ley con contratos por obra y servicio, llevando 3 o mas años con ese tipo de contrato y sin hacer indefinido a nadie