Los Colegios de Ingenieros De Montes e Ingeniero Técnico Forestal recurrirán las plazas de extinción en Andalucía

Los colegios profesionales de Ingenieros de Montes e Ingenieros Técnicos Forestales recurrirán las plazas de Asesor Técnico Extinción de Incendios y Asesor Técnico de Prevención Social de Incendios creadas por la Junta de Andalucía al entender que no pueden ser plazas ocupadas por titulados que no tengan en sus planes de estudio asignaturas de incendios forestales.

infoca-dirección-extinción-helicóptero

Llenado de bambi, Sierra Nevada, Granada, 2015. Foto Infoca

El pasado día 19 de septiembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (nº 181) la “Orden de 2 de septiembre de 2019, por la que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a varias Consejerías.” En esta Orden, entre otras plazas a la administración pública, se modifican las de Asesor Técnico Extinción de Incendios y Asesor Técnico de Prevención Social de Incendios para dar oportunidad de acceder a ellas a licenciados en Ciencias Ambientales. Estas plazas están abiertas a profesionales con titulación universitaria de ingeniero agrónomo, ingeniero técnico agrícola, licenciado en Biológicas, ingeniero de montes, ingeniero técnico forestal y licenciado en ciencias ambientales.

Para el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales COITF solo las titulaciones universitarias regladas que cuentan en su plan de estudios con formación en prevención y extinción de incendios forestales son las titulaciones de Grado en Ingeniería de la rama forestal. Por tanto, solo aquellas que tengan acreditado este conocimiento en sus planes de estudio están capacitadas legalmente para ocupar estas plazas.

Cada titulación universitaria tiene unas directrices propias que dice qué conocimientos deben impartirse en sus estudios universitarios, se trata de las órdenes CIN. En el caso de los ingenieros forestales se trata de la Orden CIN/324/2009, de 9 de febrero, y establece que deben impartirse conocimientos de incendios forestales, algo que no sucede en ninguna otra de las titulaciones a las que ha abierto la Junta de Andalucía la posibilidad de ocupar esa plaza.

Para Raúl de la Calle, secretario general del COITF la administración pública debe elegir “al profesional idóneo, con más conocimientos para las plazas que oferta y más tratándose de profesiones reguladas”.
Según la Ley de Atribuciones, los ingenieros técnicos tienen atribuciones plenas en el ámbito de su especialidad. Es decir, que solo podrán ejercer esa profesión aquellos que tengan estas atribuciones. Y estas atribuciones vienen marcadas por los conocimientos adquiridos en los estudios universitarios que dan el título correspondiente.

Es el mismo argumento utilizado en el recurso a las plazas creadas por la Junta de Castilla-La Mancha para la dirección de los Centros Operativos de Extinción de Incendios. En este caso la Justicia ha dado la razón al COITF en primera instancia. La propia Magistrada en su sentencia decía que este plaza creada por la Junta “tiene un más que indudable interés público y que implica unos riesgos de tal envergadura que imponen extremar al máximo el cuidado en la selección de los candidatos más idóneos, con respeto a los principios de mérito y capacidad”.

Y continuaba la Magistrada en su argumentación que “no se ha acreditado por la administración que las titulaciones académicas de Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero Agrónomo tengan algo que ver con los puestos de trabajo creados y sus funciones, resultando inexplicada su inclusión”.

Raúl de la Calle hace una reflexión de cómo estas plazas de competencia forestal se están abriendo a otras titulaciones mientras que no sucede lo mismo en otros campos profesionales como el agrícola, “donde no se permite el acceso a ingenieros forestales en cuestiones tan cercanas a nosotros como son riegos, por poner un ejemplo”.

Este ha sido un aspecto muy comentado en las redes sociales que no han dejado de mostrar la sorpresa por la inclusión de profesionales sin formación específica en incendios forestales como destinatarios de estas plazas.