Aragón destina 630.000 € a la redacción de planes de defensa de zonas de alto riesgo de incendios forestales
El Gobierno de Aragón ha autorizado al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente un gasto para la redacción de los planes de defensa de las Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales para las anualidades 2020-2021, por importe de 633.268 euros. La medida, que podría considerarse positiva en una primera lectura, es vista con poco entusiasmo por el Colegio de Ingenieros de Montes de Aragón que considera necesario hacer una planificación forestal general antes de hacer “planes sectoriales desligados”. En Aragón solo el 8,09 % de los montes de utilidad pública tienen un plan de ordenación.
Alquézar (Huesca), en las inmediaciones de la sierra de Guara.
Las zonas de alto riesgo las define el decreto 1/2017 de 20 de junio como aquellas que “por sus características muestren una mayor incidencia y peligro en el inicio y propagación de los incendios o que por la importancia de los valores amenazados precisen de medidas especiales de protección”.
Según la información facilitada por el Gobierno de Aragón, “este plan de defensa se incluirá en el apartado de prevención contra incendios forestales del plan de ordenación de los recursos forestales correspondiente a la comarca donde se ubiquen”.
Y aquí es donde el Colegio de Ingenieros de Montes de Aragón critica la medida por considerar, como se dice coloquialmente, que se empieza la casa por el tejado. Para Ignacio Pérez-Soba, decano del Colegio de Montes de Aragón, “estamos tomando una parte por el todo. Es un error conceptual de base. Debemos hacer gestión de montes y de ahí derivarían las necesidades de prevención de incendios forestales. Los montes de Aragón están necesitados de inversiones en planes de ordenación que evalúen, analicen y establezcan necesidades y prioridades de actuación. Este conocimiento nos ayudará después a hacer planes de defensa contra incendios, o planes de restauración hidrológico forestal, o planes de selvicultura, por ejemplo”.
La nota del Gobierno de Aragón anuncia que “los planes de defensa se incluirán en el plan de ordenación de la comarca donde se ubiquen”. Sin embargo, los Montes de Utilidad Pública de Aragón con planes de ordenación apenas superan el 8 %. Más exactamente, en 2017, el 91,91 % de los montes que gestiona la comunidad autónoma no contaba con un plan de ordenación “del que deberían emanar todas las necesidades de actuación en el medio forestal, entre ellas los planes de defensa contra incendios”, incide Pérez-Soba.
Distribución de superficies forestales en Aragón. Fuente Medioambiental en Aragón 2017.
Una información remitida a Osbodigital por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medioambiente, afirma que los planes de defensa “parten de un profundo diagnóstico de los bienes, recursos y valores vulnerables ante incendios forestales a escala de macizos forestales de alto riesgo de incendio de unas 50.000 ha de media”. Es decir, que las zonas de alto riesgo son en realidad comarcas enteras.
En 2017 se declararon las zonas de alto riesgo y se publicaron en el Boletín Oficial de Aragón el 17-10-2017. Establece siete zonificaciones diferentes de riesgo de incendio forestal.
En total suman 3.789.853,04 hectáreas, de las 4.771.900 ha que es la extensión de Aragón. De las zonas catalogadas de riesgo: 2.777.329,55 hectáreas corresponden a superficie de monte y 1.012.523,49 hectáreas a zonas agrícolas colindantes con ésta. Las zonas de riesgo extremo y alto (tipos 2 y 3) suponen 1.270.521,76 ha, es decir, casi un 27 % de la superficie de Aragón. Otras 2.506.220,84 ha se clasifican como zonas de riesgo medio (tipos 4, 5 y 6). El tipo 7, o riesgo bajo, ocupa una extensión de 988.615,80 ha. La zona 1 recoge los entornos de interfaz urbano-forestal.
Ya que la ley obliga a disponer de planes de defensa en las zonas de alto riesgo esto supone redactar planes para 1.270.521,76 ha. Sin embargo, la superficie forestal ordenada en 2017 era de 99.496 ha, según el informe Medio Ambiente en Aragón 2017, del propio gobierno autonómico (57.032 ha en Huesca, 23.760 en Teruel y 18.704 en Zaragoza). Suponiendo que toda esa superficie ordenada se encuentre dentro de la zona de alto riesgo de incendio, solo el 7,83 % de la superficie de alto riesgo dispone de un plan de ordenación.
A pesar de que la propia Consejería reconoce que estos planes de defensa se encuadrarán dentro de los planes de ordenación, la evidencia es que el proceso seguido es el contrario: primero se están elaborando los planes de defensa y de los planes de ordenación no se ha anunciado aún la intención de realizarlos.
De hecho, los planes de defensa que se redacten ahora, según el Gobierno de Aragón, propondrán “directrices para una ordenación del territorio que minimice el impacto de los incendios sobre la sociedad: gestión forestal, agrícola y ganadera, restricciones al urbanismo en zonas de alto riesgo, necesidad de planificación de la autoprotección y medidas de protección en núcleos de población, urbanizaciones y construcciones aisladas situadas en zonas de alto riesgo”. Es decir, son planes de defensa contra incendios, no planes de ordenación.
Ocho años desde que comenzaron a redactarse los primeros planes
Los primeros planes de defensa contra incendios forestales comenzaron a redactarse en 2011 y ocho años después aún no han terminado de aprobarse. Así que este anuncio de la redacción de nuevos planes es recibido por los ingenieros de montes “con entusiasmo muy moderado”. Para Pérez-Soba “que se anuncien 630.000 euros para redactar nuevos planes de defensa contra incendios en zonas de alto riesgo, cuando aún no se ha terminado los que comenzaron a redactarse hace ocho años; que además ese dinero se destine a la empresa pública SARGA y no se habrá un proceso de participación social, empresarial y profesional para elaborar esos planes, y que no sepamos si van a llevar un marco de inversión real que garantice las actuaciones necesarias no nos parece la mejor manera de hacer las cosas”.
Según el gobierno aragonés los planes de defensa incluyen un presupuesto para un plazo de 10 años “basado en la senda presupuestaria dedicada a la prevención y gestión forestal de los últimos años de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal”. Es decir, que no está decidido.
Si comprobamos los datos de inversión del Gobierno de Aragón en materia forestal, observamos que, desde 2006 hasta 2018, el 86,35 % de la inversión forestal ha sido destinada a prevención y extinción de incendios, mientras que para el resto de medidas de gestión forestal la inversión ha sido del 13,65 %. Si acercamos la lupa nos daremos cuenta de que hay años, como 2011, 2012, 2014 y 2015 que la inversión pública en prevención y extinción supera el 92, 93 e incluso el 94 %. Tan solo los años anteriores a la crisis económica, 2006 y 2007, la inversión en medidas forestales distintas a la prevención y extinción alcanza el 23 y 24 % respectivamente, con excepción de 2013 donde la inversión en extinción supuso el 74,3 % y en otras medidas de gestión forestal alcanzó el 25,7 %.
La fuente de los datos de inversión en extinción de incendios es la orden del Consejero de dar respuesta a una solicitud de información pública en 2018. El dato de 2018 procede de Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018. Los datos de inversión en el resto de gestión forestal son las Memorias de la Dirección General de Gestión Forestal.
Planes de defensa contra incendios forestales en tramitación (azul) y en redacción (morado). Fuente Gobierno de Aragón.
Con aprobación inicial y en tramitación de la aprobación definitiva están los planes de defensa contra incendios de Gúdar-Javalambre, Matarraña y Bajo Aragón, Muela de Zuera, Sierra de Alcubierre, Moncayo y Aranda, Muela de Valmadrid y montes de Alfajarín y Bardenas.
Además, se ha iniciado la redacción de nuevos planes de defensa en los entornos de Guara, Litera-Montgay, Sierra de la Virgen y depresión del Jalón, Sur Sierra Santo Domingo, Bajo Ebro, Andorra-Sierra de Arcos y Cuencas Mineras.
Los propietarios de los montes incluidos en zonas de alto riesgo o en zonas de protección preferente que cuenten con plan de defensa aprobado estarán obligados a realizar, o a permitir realizar, las medidas de prevención de incendios forestales que estén contempladas en dicho plan y su posterior mantenimiento. “Como no se ha aprobado ningún plan de defensa no sabemos cómo va a determinar un plan de inversiones, ni cómo van a afectar a los terrenos públicos, a los consorciados o a los privados. Habrá que habilitar ayudas, cesiones o cualquier otro tipo de figuras que permita actuar en los terrenos forestales privados”, explica Pérez-Soba.
A la pregunta de por qué entonces el gobierno de Aragón prefiere realizar planes de defensa contra incendios sin haber realizado antes los planes de ordenación o de gestión forestal en su conjunto, Ignacio Pérez-Soba cree que los incendios forestales causan una preocupación en la opinión pública que el abandono de gestión forestal no provoca. “Seguramente nace de la preocupación del gobierno por los incendios y por la opinión y la presión que la sociedad ejerce. Pero que los ciudadanos no conozcan los planes de ordenación no significa que la administración pública no deba hacerlos”.
El departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente espera concluir en 2025 la elaboración de todos los planes de defensa necesarios para Aragón y posteriormente comenzar a revisar los planes ya redactados.
Una petición avalada por el Justicia de Aragón
No es nueva la petición de una planificación de la gestión forestal previa a cualquier planificación sectorial, “que debería emanar de la planificación general”. En 2010 el Colegio de Ingenieros de Montes elaboró un informe a petición del Justicia de Aragón, figura conocida como el defensor del pueblo en otras comunidades y a nivel nacional.
En este informe, publicado en el informe anual del Justicia de Aragón, los ingenieros de montes hacían un pormenorizado análisis de los incendios forestales, de la prevención, extinción y restauración de los terrenos quemados y señalaban cómo en las últimas décadas “el fenómeno ha alcanzado sus mayores dimensiones históricas, a causa de varios factores, entre los que destacan la despoblación rural y la falta de gestión forestal”.
Han pasado nueve años desde que el Justicia Mayor de Aragón hizo suyo el análisis y las demandas del Colegio de Ingenieros de Montes. “Lamentablemente ese análisis sigue siendo perfectamente válido nueve años después” comenta Pérez-Soba.
¿Qué actuaciones proponen los planes de defensa?
Partiendo del diagnóstico de los bienes vulnerables ante incendios forestales “los planes harán un estudio de los patrones de grandes incendios en la zona para predecir comportamientos”, además de cuestiones que pueden incidir en la gravedad de los incendios como “la continuidad de las masas forestales o las infraestructuras para la lucha contra los incendios que permitan actuar al operativo”.
En función de la recogida de datos se proyectarán actuaciones tipo, recogidas en todos los planes de defensa: “mejora de accesos mediante pistas, helisuperficies, puestos fijos de vigilancia, puntos de agua y áreas de defensa como infraestructura necesaria para dotar de oportunidades al operativo para acometer en los GIF las maniobras de extinción necesarias en condiciones de eficacia y seguridad”.
Los planes prevén también promover “buenas prácticas agrícolas, ganaderas y de tratamientos selvícolas” en determinadas zonas identificadas como estratégicas para evitar GIF y conseguir “un paisaje más resistente y resiliente a los grandes incendios”.
Las actuaciones contemplan también “campañas de sensibilización dirigidas a los colectivos que generan más incendios forestales”.
Los planes concluyen con directrices sobre gestión forestal, agrícola y ganadera, así como la necesidad de disponer de planes de autoprotección de poblaciones y urbanizaciones en zonas de alto riesgo.
Para el decano de Montes de Aragón “toda prevención pasa por una gestión forestal intensa” y se pregunta por “la utilidad de los planes de defensa de incendios desligados de la planificación forestal general”.
La planificación forestal, como cualquier otra planificacion de caracter medioambiental, debe realizarse según una planificación en cascada. Lo que falta en Aragón es un Plan Forestal autonómico. Efectivamente ese PFA debería haber llegado antes que estos Planes de Defensa.
En una planificación en cascada no cabe priorizar proyectos de ordenación de montes frente a una planificación superior o sectorial. Debemos parar toda la planificación sectorial hasta que se acaben los proyectos de ordenación? Debemos dejar aparcados PORN, PRUG, Planes de conservación, planes cinegeticos,…?
Esto no quiere decir que no puedan coexistir en su elaboración Planes de defensa y POM. Soy un fiel defensor de la ordenación de montes. Ojalá se invirtiesen 500.000 euros anuales en POM en Aragón.
Por otra parte aclarar que estos Planes de defensa comenzaron a elaborarse en el año 2016 y los 7 primeros concluyeron en 2018. Tiene una aprobación inicial, por resolución del DG. Ya sirven para planificar los trabajos de muchas de las cuadrillas de prevención y extinción del GA, trabajos en los que se invierten más de 10 M€ al año en los últimos años. Son planes a nivel de macizo, eminentemente prácticos. Los planes a los que se hace referencia, del año 2011 fueron unos pocos planes, de carácter comarcal, que no vieron la luz.
Esperemos que estos que ahora nos ocupan tengan una aprobación definitiva y se vean acompañados y reforzados por legislación, que recoja, por ejemplo, la ejecución subsidiaria en los terrenos de particulares, problema aún no resuelto, creo, en ninguna ccaa.
Esperemos igualmente que este año el Plan Forestal de Aragón vea la luz.