La Junta de Castilla y León aprueba 3,3 millones de euros para contratar a 330 desempleados para trabajos forestales
El Gobierno de Castilla y León aprobó el miércoles en su consejo de gobierno una subvención de 3,3 millones de euros para las diputaciones provinciales con el objetivo de contratar a 330 personas desempleadas que desarrollarán labores de prevención de incendios y medioambientales durante 180 días. Se trata de la misma ayuda con los mismos objetivos que se aprobó en abril de 2019 y que se repite en 2020.
La subvención aprobada forma parte de la Estrategia de Empleo Rural y Local, que en este año alcanzará los 61 millones de euros, destinada a la incorporación de desempleados al mercado laboral principalmente para “la ejecución de obras y servicios de interés social”.
El objetivo de esta subvención es generar empleo “en torno a labores forestales y medioambientales, de manera que los desempleados contratados realizarán tareas de control y limpieza de la vegetación los núcleos rurales para la prevención de incendios forestales o la mitigación de sus efectos, en caso de producirse”.
La Junta de Castilla y León considera estas labores preventivas de incendios forestales como “esenciales”, por lo que ha garantizado que “se van a mantener en estas circunstancias excepcionales”.
Su distribución por provincias es: Ávila, 380.000 euros; Burgos, 370.000 euros; León, 480.000 euros; Palencia, 310.000 euros; Salamanca, 420.000 euros; Segovia, 300.000 euros; Soria, 340.000 euros; Valladolid, 300.000 euros, y finalmente Zamora, 400.000 euros.
Los criterios seguidos para la asignación son los mismos que los empleados el año anterior: 200.000 euros para cada diputación provincial, más un baremo en función de la superficie forestal y el número de incendios sufrido en los últimos cinco años.
Las condiciones de contratación de las personas que realizarán estas tareas son: preferencia a desempleados inscritos en las oficinas del Ecyl que sean jóvenes menores de 35 años, fundamentalmente sin cualificación; mayores de 45 años, en particular, los que carecen de prestación y tienen cargas familiares; parados de larga duración y personas en riesgo de exclusión. Esta estrategia de contratación está consensuada por la Junta y los agentes sociales y económicos en el Consejo del Diálogo Social.
