Aprobado el proyecto de Ley de Cambio Climático

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética

El proyecto legislativo ha pasado hoy a las Cortes para iniciar la tramitación parlamentaria, tiene como objetivo que España alcance la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero como muy tarde en 2050. Esto significa que España, en 2050, solo emitirá la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que sus sumideros puedan absorber. Reconoce a los bosques su papel como sumidero de carbono e insta a las administraciones públicas a “incentivar la participación de los propietarios y gestores públicos y privados en el aumento de su capacidad de captación de CO2”.

Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Se fija así por ley que España se adelante al cumplimiento del Acuerdo de París en este punto, que obliga a los Estados a ser neutrales en emisiones en la segunda mitad de siglo, y refuerza su compromiso con la UE, que también se ha marcado alcanzar la neutralidad en 2050. El Congreso de los Diputados aprobó una moción por mayoría absoluta el pasado año en el que instaba al Ejecutivo a activar políticas transversales para alcanzar este objetivo para 2050.

Dice el Miteco que el proyecto quiere “promover la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente, articule instrumentos para atender a los colectivos vulnerables, favorezca ciudades y pueblos más habitables y saludables, fomente el desarrollo rural y proteja la biodiversidad”.
Con su carácter transversal, el proyecto de ley incorpora a todos los sectores económicos desde la generación de energía y las finanzas a los sectores primarios, pasando por el transporte, la industria o las administraciones públicas. Según Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno, “Este texto sitúa la lucha contra el cambio climático y la transición energética en el centro de la acción de las administraciones públicas. Se trata de un proyecto de país, responsable con nuestro presente, nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestro modelo de prosperidad y, sobre todo, nuestro futuro”.

El texto fija los siguientes objetivos, que solo podrán ser revisados al alza:

– Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable.
– En 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990.
– Al finalizar la próxima década, como mínimo el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%.
– Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.

El proyecto quiere “promover la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente, articule instrumentos para atender a los colectivos vulnerables, favorezca ciudades y pueblos más habitables y saludables, fomente el desarrollo rural y proteja la biodiversidad”.

El Plan Nacional de Energía y Clima, herramienta de la futura Ley

Los objetivos del proyecto de ley de Cambio Climático (PLCCTE) se alcanzarán a través de los sucesivos planes de Energía y Clima (PNIEC) que está previsto se reelaboren cada diez años. El primero de ellos, del periodo 2021-2030, prevé una inversión privada de 200.000 millones de euros y una generación de empleo entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. No explica el Miteco esa diferencia de 100.000 puestos de trabajo en sus previsiones, pero sí prevé que “la movilización de inversiones, el ahorro de energía y una mayor presencia de renovables, permitirán que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en torno un 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas. En concreto, entre los 16.500 y los 25.700 millones de euros”.

La clave son las energías renovables y la eficiencia energética

Para el gobierno el plan de activación económica tras el COVID-19 debe ser “respetuoso con el medio ambiente y con los límites del planeta”, de ahí que esta ley se presente como una apuesta por energías renovables y eficiencia energética como nuevos motores económicos y “descarbonizadores de la economía”, en consonancia con el Pacto Verde Europeo que ultima la Comisión Europea como recuperador de la economía.

El proyecto de Ley pretende facilitar la inclusión de las renovables en el mix energético español “ofreciendo señales claras que otorguen confianza a los inversores”, o lo que es lo mismo, seguridad jurídica de que se mantendrá la política de promoción de energías renovables. La intención es no cometer los mismos errores que en la anterior crisis financiera con la burbuja de los “huertos solares”, promovidos por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y avalados por el Real Decreto 661/2007 que garantizaba subvenciones que fueron suprimidas, dejó arruinados a miles de inversores y el futuro de las renovables muy cuestionado.

Para favorecer esa entrada “acompasada” de las renovables en el sistema energético el Gobierno establecerá un nuevo sistema retributivo para su generación, mediante el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. En opinión del Gobierno, de esta forma “se ofrece previsibilidad y estabilidad en los ingresos al sector y se traslada a los consumidores, de forma directa, los ahorros asociados al despliegue de estas energías”. El nuevo sistema retributivo se desarrollará mediante subastas de la energía eléctrica, de la potencia instalada o una combinación de ambas.

Prevé el proyecto de ley que los Presupuestos Generales del Estado destinen al fomento de las energías renovables la estimación de la recaudación anual de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, “al menos 450 millones se destinarán cada año a financiar los costes del sistema eléctrico referidos al fomento de las energías renovables”.
Un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado “se destinará a contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y será revisada al alza por el Gobierno antes de 2025”.

En cuanto a la eficiencia energética, la rehabilitación de edificios es la gran apuesta, por lo que amplía hasta 2030 el Fondo de Eficiencia Energética, “que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años”.

Crea nuevas figuras en el mercado energético como la del agregador independiente, “que participará en el mercado comprando o vendiendo diferentes consumos agregados o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento”. Se impulsa la hibridación, es decir, que se incorporen distintas tecnologías de generación en una misma instalación, y contempla la repotenciación de las instalaciones, que podrán aumentar su potencia instalada hasta alcanzar la máxima que se le permite verter a la red.

Para favorecer esa entrada “acompasada” de las renovables en el sistema energético el Gobierno establecerá un nuevo sistema retributivo para su generación, mediante el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. En opinión del Gobierno, de esta forma “se ofrece previsibilidad y estabilidad en los ingresos al sector

Movilidad hacia emisiones cero

La idea de eliminar los coches de diésel para 2030 ha dado paso a una propuesta de implantación progresiva de tecnología que permita al parque de vehículos ligeros no emitir CO2 para 2050. Se compromete a un diálogo con el sector fabricante de coches y se abre a la posibilidad de financiar la investigación en este campo con el fin de lograr que en 2040 los coches nuevos no emitan CO2.

Presenta a la planificación urbana como la gran aliada en la reducción de emisiones por movilidad. Establece que antes de 2023 los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán tomar medidas de mitigación, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones; facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; y la mejora y fomento del uso de la red de transporte público. También se deberá impulsar el uso de medios de transporte eléctricos privados. Para ello prevé potenciar el desarrollo de las infraestructuras de recarga eléctrica en todo el territorio nacional. La movilidad por carretera es el sector que más emisiones produce de todo el transporte.
Para el transporte aéreo espera fijar cuotas de uso de biocarburantes, mientras que para el transporte marítimo su intención es favorecer el uso de energías alternativas y de rutas que permitan reducir el consumo de energía fósil.

En cuanto a las energías fósiles el proyecto de ley prevé no otorgar nuevas autorizaciones “de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el fracking”.

Riesgos por efectos del cambio climático y biodiversidad

La atención a los bosques en el PLCCTE hay que encontrarla en el apartado de riesgos por los efectos del cambio climático y en el dedicado a “construir un país más biodiverso”.

En este sentido, reconoce la relevancia de la política agraria común, la de desarrollo rural y la política forestal tanto para la sostenibilidad y desarrollo del sector productivo primario como para alcanzar la neutralidad climática. Establece que las administraciones públicas “deberán incentivar la participación de los propietarios y gestores públicos y privados, especialmente los del sector agrario y forestal, en el aumento de su capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono”, a los que reconoce un papel clave para lograr la neutralidad y califica de “motor de desarrollo y generación de empleo”.

Para reducir la vulnerabilidad al cambio climático prevé la elaboración de un mapa de vulnerabilidad de suelos agrícolas y forestales.

Para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático anuncia la elaboración de una estrategia específica que “incluirá las directrices básicas para la adaptación de los ecosistemas naturales y de las especies silvestres españolas, así como las líneas básicas de restauración y conservación”.