Ourense sufrió 67 incendios en menos de cinco días
Una vez pasó la semana más difícil de la lucha contra los incendios en Galicia, la Consejería del Medio Rural ha podido hacer balance: fueron 67 incendios en la provincia de Ourense entre las 0:00 h. del sábado 12 de septiembre y las 9:00 h. del jueves 17. Veintidós de ellos comenzaron por la noche, algunos de forma simultánea en parroquias declaradas de alta actividad incendiaria. Definitivamente, quemaron 8.740,99 hectáreas. Durante el mes de septiembre han sido detenidas cuatro personas acusadas de incendiarias, tres de ellas en el momento en el que prendían fuego el monte.
Incendio de Chandrexa de Queixa miércoles 16 de septiembre. Foto Brif Laza
Las cifras, aunque lejos de las de los años noventa del pasado siglo, siguen creando alarma social y preocupación en la dirección general de Defensa del Monte. El consejero de Medio Rural, José González, ha dado por hecho que buena parte de estos incendios han sido causados por incendiarios y ha señalado hoy en el Parlamento Gallego que “responderán por sus delitos con penas de cárcel y con su patrimonio. Pagarán con lo que tengan los gastos de extinción”.
El hecho de que veintidós de estos incendios comenzasen por la noche, algunos de ellos de forma simultánea, en parroquias ya catalogadas como “de alta actividad incendiaria”, unidas la experiencia y al conocimiento de la sociología del fuego en determinadas comarcas, son pruebas suficientes para el consejero de la actividad de los incendiarios durante esos días. En lo que va de año han sido detenidas o investigadas casi 50 personas como supuestas autoras de incendios forestales por parte de la Policía autonómica en colaboración con agentes forestales. “Esto es posible porque hay una buena colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado después de una buena labor de investigación, acumulación y contraste de datos de todas ellas”, señaló Tomás Fernández-Couto, director general de Defensa del Monte en la última reunión del Comité de Coordinación Policial Antiincendios celebrada en agosto.
En este comité de coordinación participan la Policía Nacional, la Autonómica o adscrita a la Xunta, Guardia Civil, agentes forestales, un representante de las brigadas de investigación de causas y, desde mediados de agosto, con la puesta en marcha de la operación Centinela, el Ejército de Tierra, que desplazó 27 patrullas por el monte gallego en labores de vigilancia.
Avisó en sede parlamentaria el consejero José González que “estos delincuentes pagarán por sus acciones porque además de dañar nuestros montes ponen en riesgo vidas de personas y eso es intolerable”.
A la vigilancia del monte y a las medidas persuasorias le dedica la Xunta medios y personal. Desde este año se han sumado 12 drones en labores de vigilancia a las 120 cámaras repartidas por los montes gallegos que cubren “alrededor del 60 % de la superficie forestal”.
Señaló el consejero que los incendios se registraron en condiciones climáticas desfavorables de calor y viento cambiante, lo que dificultó las labores de extinción, además de la aparición de focos simultáneos. Por ello, quiso agradecer el trabajo de todos los profesionales participaron en la extinción, que “en las condiciones más extremas velan por nuestra seguridad y la de nuestro territorio frente a las llamas”.
Durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, solo la Xunta desplegó en Orense 2.000 personas en labores de extinción y coordinación. A ellas hay que sumar cuatro BRIF del Ministerio de Transición Ecológica y la Unidad Militar de Emergencias, además de 38 medios aéreos autonómicos y nacionales.
Anunció el consejero que “los profesionales del dispositivo de extinción están convocados a grupos de trabajo junto con la Universidad para configurar la nueva Ley de prevención y extinción de incendios, que recoja soluciones estructurales basadas en la resiliencia del territorio, en la planificación preventiva y en la anticipación en la respuesta”.
Y destacó la política de prevención de la Xunta en varias direcciones, todas ellas “tienen como punto de partida el dictamen de la comisión parlamentaria de los incendios, así como las conclusiones conseguidas por el Grupo de Expertos creado en 2018 tras la ola de incendios de octubre de 2017”. Señaló la apuesta por la agroganadería “como cortafuegos natural” mediante las aldeas modelo y los polígonos agroforestales; el convenio firmado entre Medio Rural, la Fegamp y la entidad pública Seaga que contempla la limpieza de 50 metros alrededor de las aldeas en las parroquias con mayor riesgo de incendios; el Plan de prevención desarrollado en el marco del Pladiga 2020, “dotado con más de 30 millones de euros” y la incorporación al Servicio de 500 profesionales que hasta 2017 trabajaban en Seaga, “incrementando también el tiempo mínimo de trabajo de casi 1.000 miembros del Servicio que en el 2017 trabajaban tres meses y pasaron a hacerlo seis este año.
