La Comunidad de Madrid estaría a punto de contratar con Tragsa las brigadas forestales para los cuatro próximos años

Según la Asociación de Empresas Forestales ASEMFO, la Comunidad de Madrid está a punto de aprobar en Consejo de Gobierno un nuevo contrato de servicio de brigadas forestales con la empresa pública Tragsa para los años 2022-2026. ASEMFO asegura que este contrato le costará entre un 30 y un 50 % más a los madrileños y denuncia que la Comunidad de Madrid realiza políticas económicas en contra de las empresas forestales.

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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid Madrid112, Carlos Novillo, en la presentación de la campaña 2020

ASEMFO ha intentado ponerse en contacto con el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde que en noviembre de 2019 anunciase el consejero en comparecencia parlamentaria la intención de la CAM de contratar estos servicios forestales con la empresa pública estatal Tragsa y no con las empresas privadas, como venía haciendo desde 1997.

A pesar de los continuos contactos la reunión ha sido imposible. “Primero fue la pandemia, luego Filomena y ahora que estamos en periodo electoral y hay muchas cuestiones sobre la mesa. Excusas no faltan”, interpreta Arancha López de Sancho, gerente de ASEMFO.

A falta de la confirmación oficial en el Boletín de la Comunidad de Madrid, ASEMFO cree que “la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, ha decidido fulminar el modelo de colaboración público-privada del Operativo Autonómico de Incendios Forestales”.

La razón es meramente política, no hay ningún criterio técnico que explique el cambio de modelo. Todo parte de una directriz política”, comentan desde ASEMFO que les han reconocido en la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid. “Desde el año 1997, el operativo autonómico de incendios forestales es un modelo de colaboración público-privada, con un éxito técnico y económico contrastado en España y reconocido por todos los gobiernos de la Comunidad de Madrid. Un referente de gestión en el país”, aseguran en ASEMFO.

Aunque aún no ha trascendido el nuevo contrato y, según algunas fuentes, está previsto que se apruebe en Consejo de Gobierno mañana martes o el próximo 6 de abril, ASEMFO ha calculado su coste en función del coste actual y de las tarifas oficiales que aplica Tragsa. “Este nuevo contrato le puede costar a los madrileños entre un 30 y un 50 % más que lo que pagan ahora y podría llegara 120 millones de euros para los póximos cuatro años. Se trata del mayor contrato forestal de España, en incendios forestales, pero también en selvicultura”, asegura Arancha López de Sancho, gerente de ASEMFO.

Actualmente estas brigadas forestales dan empleo a 336 trabajadores durante todo el año y llegan a ser 510 en verano por los refuerzos durante la campaña de incendios, entre cuatro y cinco meses.

“Es difícil entender que un gobierno que presume de políticas económicas liberales, y que anuncia que la colaboración público-privada será uno de los motores de la salida de la crisis económica pospandemia, se comporte de esta forma con el sector forestal y tome este tipo de decisiones sobre servicios esenciales sin criterios técnicos que lo avalen y sin informar a los ciudadanos del incremento del coste”, asegura Arancha López de Sancho.

ASEMFO recuerda en una nota de prensa las palabras de la propia presidenta de la Comunidad de MadridMadrid, si no es libre, no es Madrid y la economía si no es libre tampoco es economía. La competencia y competitividad dan calidad”. Para las empresas privadas, “las empresas públicas como TRAGSA son instrumentos creados para sortear los principios de libre concurrencia y competitividad establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público”.

Aún esperan que pueda existir una posibilidad de que al menos sean recibidos por los responsables de la CAM, “el consejero ha manifestado que tiene un compromiso porque ha hecho el anuncio en el parlamento regional, pero es que ese parlamento ya no existe”, asegura ASEMFO. “No puede ser que se presuma tanto de colaboración público-privada y después se ejecuten este tipo de políticas contrarias a sus propios principios y palabras”, afirma López de Sancho.

De confirmarse el contrato, la intención de ASEMFO es recurrir el encargo ante el Tribunal de Recursos Contractuales y después iniciar un recurso contencioso administrativo “si fuese necesario”.