¿Quién apaga el incendio del Infoca?

Lo que parecía una buena noticia, la convocatoria de una oferta pública de empleo en el Infoca que sirviese para estabilizar la plantilla, se ha transformado en un motivo de conflicto laboral que amenaza con dinamitar a todo el dispositivo. Asociaciones de trabajadores y sindicatos han manifestado su rechazo a las formas en las que se ha hecho el anuncio, que consideran propagandístico, y a su contenido, por considerar que pone en peligro los puestos de trabajo de personal que ocupa una misma plaza desde hace 15 años.

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Imagen Junta de Andalucía

El Consejo de Gobierno de Andalucía aprobó el 28 de diciembre la convocatoria de una oferta pública de empleo (OPE) extraordinaria para la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA). En total 710 plazas “destinadas a reducir la temporalidad y dar estabilidad a la plantilla”, dice el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) nº. 95 de 30 del 12 de 2021.

La comunicación del Gobierno andaluz y mensajes en redes sociales como el del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, afirmaban que se trataba de 710 plazas para el Infoca. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, hacía el anuncio al terminar el Consejo de Gobierno del 28 de diciembre. Lo presentó como una apuesta del Gobierno andaluz por la estabilización de la plantilla y recordó que, junto a las otras ofertas de empleo público realizadas por su gobierno en esta legislatura para el Infoca, ya eran cerca de 1.100 plazas las ofertadas.

La reacción de algunos sindicatos y asociaciones de trabajadores del Infoca fue casi automática, lo consideran un acto propagandístico ya que de las 710 plazas que salen a concurso “solo la mitad son para el Infoca”, el resto es para estructura de la agencia y la sección de Medio Natural, encargada de los estudios y trabajos de inventario e investigación sobre especies de flora y fauna, entre otras tareas.

“Lo que sucede es que el Infoca tiene un merecido reconocimiento social y después de lo que sucedió este verano con el fallecimiento de Carlos da la impresión de que el Gobierno andaluz quiere colocarse una medalla y presumir de que apuesta por la estabilización de la plantilla. Pero es una publicidad que puede poner en peligro muchos puestos de trabajo”, afirma Juan Ramos, portavoz del Movimiento Infoca, que aglutina a buena parte de los trabajadores eventuales del dispositivo andaluz.

La Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía en AMAYA ponía inmediatamente un mensaje en Twitter.

No son 710 plazas del @Plan-INFOCA, son 710 puestos de trabajo de @AndaluciaAMAyA. 710 trabajadores con más de 10 o incluso 15 años de trabajo, que pueden perder sus empleos por una campaña publicitaria y que no van a generar ni un solo puesto de trabajo nuevo. Mentiras las justas.

Esta propuesta de OPE extraordinaria, tal y como está redactada, «no es una estabilización de plantilla porque va a provocar la renovación de los profesionales que ocupan ahora las plazas convocadas en la OPE”. Lo comenta Javier Jaramillo, de la Asociación de Trabajadores por la Igualdad Laboral en Amaya (ATILA): “es evidente que quieren apuntarse el tanto de que regularizan una situación totalmente irregular desde hace muchos años, cuando los trabajadores pasaron de la empresa pública Egmasa a la agencia Amaya, a una parte de la plantilla se les hizo indefinidos y a otra se la dejó abandonada, a pesar de cumplir los mismos requisitos”.

La OPE extraordinaria en AMAYA es una de las primeras ofertas de empleo público tras la Ley 20/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (BOE 312, de 29 de diciembre de 2021), tras obligar la Unión Europea a una regularización de personal temporal como una de las reformas necesarias para recibir los fondos Next Generation.

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Miembro de INFOCA apaga un punto caliente bajo la tierra. Foto COP Málaga INFOCA

Es decir, estamos ante un proceso de regularización del empleo temporal en todo el sector público español, no es un problema solo de la agencia AMAYA, o más concretamente del Infoca, lo es de todas las administraciones y agencias públicas.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido inmediata. “Ha pillado a los sindicatos y trabajadores con el pie cambiado, nadie esperaba esta inmediatez, entre otras cosas porque deberían haber pactado antes con los representantes de los trabajadores la propia convocatoria de plazas a cubrir”, asegura Jesús Escribano de la Asociación de Técnicos de Incendios Forestales y Emergencias de Andalucía (ATIFEMA).

Esta Ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público, más conocida como el “Icetazo”, por haberse aprobado siendo ministro de Administraciones Públicas Miguel Iceta, permite una convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración. Aclara el BOJA 30/12/2021 que “se entiende por tal las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hubieran estado ocupadas con carácter temporal y de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. En estos casos, la ley señala que el sistema de selección será el de concurso”.

Este aspecto es importante porque es donde está la fricción. Los trabajadores, a través de asociaciones y sindicatos, consideran que «no se puede hablar de estabilización de la plantilla si se hace un concurso público en el que no se tenga en cuenta la antigüedad en la agencia y el desempeño de un mismo puesto de trabajo”.

Para Juan Escribano, de ATIFEMA, “si las bases no valoran el tiempo, el servicio y la experiencia acumulada en el Infoca durante 15 años, en vez de estabilización de la plantilla se trata de un ERE encubierto”.

Pero estos malos augurios son solo una suposición. En estos días, los sindicatos y la dirección de Amaya han intercambiado información sobre las plazas que salen a concurso y marcan un calendario para negociar las condiciones de esta convocatoria. A finales de 2022, obligatoriamente, tienen que estar publicadas esas condiciones.

Una estabilización que dejó fuera a parte de la plantilla

Llanos-helitransportada-INFOCAEn el Infoca ya hubo una regularización de plazas cuando los trabajadores, entonces en la empresa pública Egmasa, fueron asumidos por la Agencia de Agua y Medio Ambiente. Uno de los problemas de ese paso fue que una parte de los trabajadores que llevaban más de tres años ejerciendo en un mismo puesto de trabajo no pasaron a ser trabajadores indefinidos fijos. La negociación entre los sindicatos y la agencia concluyó con que los trabajadores con una antigüedad entre 36 y 54 meses no podrían obtener su contrato indefinido, de momento. “No está claro si se prometió o se dejó entrever informalmente que en otra ocasión más adelante se produciría ese paso a trabajadores indefinidos fijos”, comenta Jesús Escribano.

El hecho es que una parte importante de ellos, al ver que no se regularizaba su situación, decidieron presentar demandas contra la administración por contratación en fraude de ley. El resultado fue que los tribunales han ido dando la razón a todos los demandantes en un continuo goteo durante todos estos años. La figura que propuso la Justicia fue la de «indefinidos no fijos»: “trabajas para la administración pública pero no eres funcionario porque no has ganado el puesto en un concurso público. De ahí que ahora la OPE proponga cubrir todas esas plazas que bien por laudo, acuerdos extrajudiciales o sentencias han ganado los trabajadores, pero no son fijos”, señala Jesús Escribano, de ATIFEMA.

Y aquí el temor de las distintas asociaciones de técnicos y eventuales, que todas las OPE, hasta ahora, “excudándose en que la ley no lo permite, no han tenido en cuenta el tiempo de servicio prestado en el Infoca”, asegura Escribano. Y se pregunta: “¿Cómo puede despreciarse el valor de la experiencia, del conocimiento del dispositivo y del medio, el prestigio de profesionales que son una referencia a nivel nacional e incluso internacional?, ¿dónde está la estabilización de la plantilla que pide la Unión Europea y que está en fraude de ley desde hace 12 años en algunos casos?”

Según CC.OO., la agencia AMAYA, en una reciente reunión, les facilitó el carácter laboral de las plazas a cubrir por la OPE extraordinaria:

• 159 plazas temporales correspondiente a plazas dotadas presupuestariamente y que han estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.
• 149 plazas correspondientes a contratos de relevo que derivan de sus respectivas jubilaciones parciales realizadas al 50 %.
• 211 plazas correspondientes a indefinidos no fijos por sentencia.
• 191 plazas correspondientes a indefinidos no fijos por laudo arbitral.

Estas plazas concretas, es decir sus ocupaciones y los trabajos que realizan, se publicaron en el Anexo del BOJA del 30 de diciembre de 2021. Se trata de las plazas que ocupa el personal declarado indefinido no fijo.

El BOJA marca que será por concurso, no por oposición, lo cual impide que se hubiese encontrado otra solución que para algunos de los entrevistados hubiese sido perfecta: crear la plaza de «indefinido fijo a extinguir». Se trataría de asegurar el puesto de trabajo para los trabajadores que tienen el carácter de indefinido no fijo. Una vez que estos abandonasen el puesto o se jubilasen la administración pública podría sacar esa plaza por oposición”, señala Jesús Escribano.

¿Hay margen legal en un concurso público para mantener los puestos de trabajo?

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Foto Plan INFOCA

La respuesta del Gobierno de España al requerimiento de la Unión Europea ha sido la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Pero, como todas las leyes, permite interpretaciones que serán las que condicionen las ofertas de las distintas administraciones y empresas o agencias públicas en la negociación de las bases de las OPE.

Esta ley obliga a las Administraciones, antes del 1 de junio de 2022, a identificar todas las plazas estructurales de trabajadores temporales que actualmente están ocupadas. Una vez hecha esta identificación deben producirse las convocatorias que, si la relación temporal es anterior al 1 de enero de 2016, será por concurso y, si es posterior a esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2020 será por concurso-oposición.

Para Clemente Sánchez-Garnica, senador autonómico por Aragón, en un artículo para la revista Confilegal.com, “con esta ley las diversas Administraciones, de acuerdo con las organizaciones sindicales, están plenamente autorizadas a diseñar sus procesos de selección para la estabilización de plazas, tanto las autonómicas, como las locales, así como las entidades públicas”. La cuestión es ¿cuál es el margen parar adaptar la convocatoria a las circunstancias de cada colectivo temporal?

Cuando se trata de personal que ocupa una plaza de larga duración con carácter temporal y de manera ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016 según Sánchez-Garnica “las distintas Administraciones Públicas tienen la obligación de una convocatoria excepcional y única para la estabilización por el sistema de concurso”.

Para Sánchez-Garnica “las bases de las convocatorias de los diversos procesos selectivos deben tener en cuenta los méritos de quienes ocupan las plazas de estabilización”. Es decir, de nuevo dependerá de las bases que se pacten entre sindicatos y administración o empresa pública.

Sin embargo, el senador señala que “para que se cumpla el espíritu de la ley en la fase de concurso” es necesario “potenciar la experiencia en la administración específica y en el puesto ocupado, para, sin incumplir la ley, la persona que opte a su puesto tenga la mayor garantía de conservar su empleo. Deben valorarse todos los años de servicio, sin limitación de los años a computar. La experiencia de la persona con mayor antigüedad. Tiene que valorarse la experiencia en el puesto para favorecer la estabilidad del personal abusado”.

El debate la duda están servidos para todos los trabajadores en situaciones similares en todas las administraciones públicas: ¿La excepcionalidad de la situación y de la convocatoria de empleo qué clase de medidas excepcionales permite?

Movimiento Infoca está “a favor de que se convoque una OPE pero en contra de que la gente que ha estado sufriendo una contratación en fraude de ley ahora sufra una segunda injusticia porque se quede en la calle después de ganar su plaza en los tribunales”, afirma Juan Ramos. Por eso, considera que “la propuesta de la OPE no tiene sentido porque, en vez de estabilizar a los eventuales y cubrir después las plazas vacías por los trabajadores que se han jubilado, lo que hace es sacar a concurso las plazas que ya se han ganado judicialmente, con el agravante de que si no reconoce su antigüedad en el servicio va a poner en peligro los puestos de trabajo de las personas que ya deberían ser fijas”.

Para Sánchez-Garnica, “deben incluirse en el nuevo proceso de estabilización todas las plazas estructurales ocupadas por personal temporal con anterioridad al 31 de diciembre de 2020, se hayan convocado o no, y si se han convocado que no se haya resuelto el correspondiente proceso selectivo. Por lo tanto, todas las vacantes existentes ocupadas por personal temporal”.

Esto obligaría, en su opinión, “a paralizar todos los procesos selectivos de estabilización convocados al amparo de las Leyes Presupuestarias de los años 2017 y 2018, y, que, en el momento de la entrada en vigor de la Ley, 30 de diciembre de 2021, no se hayan resuelto, es decir, en los que no se han producido nombramientos”.

Concluye Sánchez-Garnica que las bases de las convocatorias “deben tener en cuenta, en la fase de concurso, los méritos de las personas que han ocupado las plazas con el fin de lograr la estabilización real”. Y continúa que “tiene que valorarse la experiencia en la administración específica y en el puesto ocupado, sin limitar los años de servicios prestados”.

El panorama es una enorme madeja jurídica, social y política “a la que nosotros asistimos a veces impotentes porque es una situación que nos aboca a la precariedad pero debilita también la calidad del servicio público de extinción”, asegura Juan Ramos.

Mientras tanto, a nivel individual algunos trabajadores de AMAYA buscan asesoramiento legal para asegurar su puesto de trabajo. “Hablamos de personas de 10, 12, 15 y hasta 20 años de servicio en el dispositivo o en la agencia, que supera los cuarenta años, con hijos, hipoteca y responsabilidades familiares ¿de verdad se les puede dejar en la calle así, sin más? Se debe buscar una solución”, afirma Javier Jaramillo.

Distintos enfoques, distintas soluciones

Pero ni el análisis, ni las soluciones, que hacen los propios trabajadores son los mismos. Todos son conscientes de que la clave está en las negociaciones en las que se decidirá, a lo largo de los próximos meses, las condiciones de este concurso.

Para Javier Jaramillo, con esta oferta “se pone en peligro al resto de la plantilla. La Agencia discrimina al sacar a concurso las plazas de los indefinidos no fijos por sentencia judicial, cuando en realidad compartimos el mismo modo de acceso con el resto de 3.300 trabajadores indefinidos”.

La asociación ATILA estudia llevar a los tribunales esta OPE alegando esa discriminación. En un comunicado, se opone “frontalmente” a la OPE extraordinaria y pide “su paralización inmediata por discriminatoria y poner en peligro el empleo de los trabajadores afectados estabilizando plazas, pero no personas, y que puede suponer, de facto, un ERE en la agencia”.

“Todos accedimos al puesto de trabajo en Egmasa de la misma manera, no se nos puede tratar de forma diferente. Llegados a este punto, si persisten en una OPE discriminatoria no queda otra que decida un juez. Las consecuencias que esa decisión pueda tener para toda la plantilla no lo sabemos, subyace la posibilidad de que les afecte, no es nuestra intención, pero no podemos permitir esta discriminación”, asegura Javier Jaramillo.

Esta posibilidad plantea un escenario que originaría un incendio de sexta generación dentro de AMAYA. No es lo mismo socialmente enfrentarse a 471 trabajadores que hacerlo a más de 5.000. Pero esta es una idea que sobrevuela todo el conflicto y a la que no quiere ni mirar una parte de la plantilla porque podría cuestionar la forma en la que obtuvieron un puesto de trabajo fijo con el paso de Egmasa a AMAYA.

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Grupo de especialistas abre pequeña franja cortafuego, Punta Umbría, Huelva 2014, en un simulacro de incendio forestal. Autor Mauricio Martín Vega para INFOCA

De hecho, aquel acuerdo aún colea entre los sindicatos, que mantienen un enfrentamiento por cómo se produjo la negociación y la postura que deben adoptar ahora. Las diferencias son tan grandes que han provocado un cierto desánimo entre muchos trabajadores por lo que puedan conseguir en la próxima negociación. “Es imprescindible que participen todos los trabajadores en este proceso y no se decida todo entre unas cuantas personas en nombre de los sindicatos y otras cuantas en nombre de la empresa”, propone Juan Ramos, para quien la mejor manera de pactar una posición común es a través de una asamblea abierta.

“Los trabajadores indefinidos no fijos somos aproximadamente el 10 % de la plantilla, me temo que alguno nos considera el sacrificio a los dioses, el mal menor para que otros tengan estabilidad y, sinceramente, no se puede consentir”, afirma Javier Jaramillo.

Jesús Escribano considera que “es triste que Atila tenga que llegar a esto pero es normal. Lo que busca es crear una situación de escándalo con tanta gente implicada que obligue a buscar una solución distinta a la elegida”.

“La presión de los trabajadores es la única manera de que funcionen las cosas en esta agencia”, asegura Juan Ramos. Eso implica una posición conjunta, algo que hoy por hoy parece imposible vistas las relaciones de los distintos sindicatos con representación en Amaya.

Los trabajadores eventuales no tienen representación sindical. En los últimos años se ha multiplicado por diez el número de eventuales, según Movimiento Infoca. “Ya somos más de 1.000 y con contratos en fraude de ley porque se nos contrata para cubrir plazas de personal de baja, pero con un contrato por circunstancias de la producción cuando deberíamos tener la categoría de interinos por vacante hasta que se cubra la plaza por oposición”, asegura Juan Ramos, abriendo otro frente paralelo que puede tener conexión directa con esta OPE en unos años.

En una consulta al portal de transparencia hecha por la asociación ATILA en 2018 sobre la situación laboral de los trabajadores de AMAYA la situación era la siguiente:

  • Laborales fijos: 48 trabajadores
  • Laborales indefinidos: 4.621 trabajadores de los cuales 471 son indefinidos no fijos
  • Laborales temporales 526

Para Jesús Escribano la solución es “encontrar la manera de demostrar que el trabajador indefinido no fijo cumple los requisitos para ser personal indefinido y que la oferta que se acuerde ahora considere definitivo el tiempo trabajado en el dispositivo”.

La propuesta de Movimiento Infoca es “estabilizar a los que ya son indefinidos por sentencia judicial, laudo o acuerdo, y después convocar concurso de oposiciones para las nuevas contrataciones que deben cubrir las plazas que están ahora mismo vacantes, que son una gran cantidad fruto de las jubilaciones que no se han repuesto y solo se cubren eventualmente durante la campaña de máximo riesgo”.

Tras una primera reacción espontánea del personal de AMAYA a la OPE extraordinaria, llega ahora el tiempo de la negociación entre los sindicatos con representación y la agencia. De cómo hilen de fino dependerá lo que suceda a partir de ahora.