La “Carta de Valladolid” reclama cambios legislativos, administrativos y políticos que permitan la gestión forestal sostenible en la propiedad forestal privada
El I Congreso Nacional de la Propiedad Forestal celebrado en Valladolid reclama a los gobiernos de Castilla y León y de España medidas que faciliten la gestión forestal de los montes privados, condicionados por “el minifundismo, el éxodo rural y cada vez más acuciados por la sequía y el cambio climático”. El documento, denominado Carta de Valladolid, señala problemas estructurales que dificultan la gestión y requieren de legislación, coordinación administrativa y consenso social que ayude a superarlos.
Inauguración del Congreso de la Propiedad Forestal con Jesús Pestaña, presidente de Fafcyle, Francisco Carreño, presidente de COSE, Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Óscar Puente, alcalde de Valladolid, María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO, y Pablo Sabín, director de CESEFOR.
Durante tres días expertos juristas, forestales, de la propiedad, de la comunicación, de la administración pública y distintos tipos de propietarios forestales han expuesto y debatido sobre los problemas que dificultan la gestión forestal sostenible de los montes privados en España. Casi el 67 % de la propiedad forestal es privada, aunque los porcentajes son muy diferentes entre las comunidades autónomas. En total, son algo más de 19 millones de hectáreas, fundamentales en la provisión de bienes y servicios ambientales para la sociedad, pero con una gestión prácticamente paralizada en buena parte de ellas por diversos problemas y condicionantes propios y ajenos.
Para Jesús Pestaña, presidente de Fafcyle, la Federación de Asociaciones de propietarios forestales de Castilla y León, máxima responsable de la organización del congreso, ya anunció en la inauguración que “el tamaño de la propiedad es un tapón que impide o limita la gestión forestal. Unidad de acción y tamaño son factores críticos en la gestión”.
María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO, señaló que “los propietarios forestales deben ser los protagonistas de la gestión que fije población y agentes de desarrollo rural para la transición ecológica. El principal reto de los bosques españoles es la gestión forestal que fije su atención en la conservación de biodiversidad, reduzca el riesgo de incendios y genere una bioeconomía circular”.
Por su parte el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, señaló que “en la parte privada de los bosques está el problema de la falta de gestión. Debemos procurar aumentar la actividad económica para fijar población y, debido al tamaño de la propiedad, el asociacionismo es una herramienta fundamental. Hay que procurar que esa mitad del territorio entre en producción y se gestione. El siglo XXI se tiene que caracterizar por ser el de la concentración forestal”.
Fortalezas y debilidades
En el transcurso del congreso los intervinientes pusieron de manifiesto distintas debilidades de la propiedad forestal, tanto a nivel español como europeo. Fanny Pomme, secretaria general de la Confederación de Propietarios Forestales Europeos, señaló la parcelación, la falta de relevo generacional, el abandono y falta de comunicación con la sociedad como algunos de los problemas. “Nosotros le decimos a los parlamentarios europeos en Bruselas que detrás de cada árbol hay una persona, un propietario o propietaria con nombre y apellidos”.
Francisco Carreño, presidente de la Confederación de Selvicultores de España COSE, señaló la excesiva normativa que dificulta la multiactividad en el medio natural. “En el mundo rural no hay una sola actividad salvadora, es la suma de actuaciones agrícolas, ganaderas y forestales la que lo salvará”.
Francisco Carreño, presidente de COSE
La excesiva intervención y tutelaje de la administración pública es, en opinión de Fernando Patrocinio, de la Asociación Forestal de Salamanca, “una expropiación tácita de la propiedad privada”. La compartimentación “en cajones estancos de la administración, sin comunicación y con perspectivas muy distintas sobre el territorio” dificultan, en opinión de varios de los ponentes, la gestión forestal en la propiedad privada. Señalan las conclusiones que no hay integración de las políticas agrícolas, ganaderas, forestales, así como de las políticas territoriales y ambientales.
El desconocimiento de los titulares de la propiedad fue otro de los problemas que señalaron desde el Catastro, “somos la puerta de entrada al Registro de la Propiedad, si no nos comunican los cambios de titularidad no podemos tener bien registrado el terreno”, lo cual dificulta notablemente cualquier actividad posterior en ellos, comentó Ana Isabel Martos, subdirectora de Valoración e Inspección de la Dirección General de Catastro del Ministerio de Hacienda. “El desconocimiento del titular de una propiedad forestal es un bloqueo a la gestión forestal”. Para Alfonso Candau, decano del Colegio de Registradores “la dispersión legislativa sobre la propiedad forestal es la principal amenaza”. En este sentido, señalan las conclusiones que “falta un registro actualizado e integrado de todas las explotaciones agrarias con tierras agrícolas, ganaderas y forestales”.
Ignacio Pérez-Soba, decano del Colegio de Ingenieros de Montes de Aragón, concretó el problema de la seguridad jurídica de la propiedad forestal “es la base de cualquier gestión y cumple una función social. El abandono de la actividad jurídica forestal por los propietarios, los errores catastrales, los pactos verbales y la ausencia de documentos que los acrediten es un descuido legal que provoca más abandono”.
Jesús Pestaña, presidente de FAFCYLE
El resto de problemas que definen el contexto en el que deben gestionarse más del 66 % del terreno forestal español, lo define “la falta de incentivos y apoyos a la actividad forestal; la difícil aplicación de los reglamentos europeos a la diversidad forestal de los territorios españoles y a la compatibilización de usos; y la necesidad de movilizar los recursos forestales e incrementar la actividad forestal para prevenir incendios e incrementar el papel de los espacios forestales en la lucha contra el cambio climático”.
Un detalle fundamental para los propietarios es que “los largos turnos de producción someten a las explotaciones a abundantes riesgos”, como catástrofes naturales, incendios y plagas.
En lo que todos los participantes estuvieron de acuerdo es en una de las fortalezas de la propiedad forestal, “el indiscutible papel de los terrenos forestales y de sus propietarios en asuntos de carácter estratégico a nivel europeo como el pacto verde, la transición a la bioeconomía, la economía circular, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra los incendios forestales, la soberanía energética y su transición a fuentes renovables”.
Una nueva ley marco
La principal petición que la Carta de Valladolid le hace al Gobierno de España es una nueva Ley marco de Fomento de la Actividad Forestal, que promueva: una fiscalidad adaptada; un nuevo marco de seguridad jurídico-económica; una contabilidad específica y adaptada, que cuantifique la provisión de servicios ecosistémicos; un nuevo modelo de sociedades que facilite la agrupación de explotaciones forestales y que permita acceder al Registro de la Propiedad y actualizar el Catastro en áreas forestales; apoyos públicos al sector, que promueva el Contrato Territorial u otras figuras similares; el fomento de líneas de crédito y de seguro específicas y adaptadas a las peculiaridades de la inversión forestal y una simplificación y armonización de las normativas que afectan a la actividad forestal.
En segundo lugar, solicitan “el reconocimiento del importante papel de los selvicultores en la provisión de servicios ecosistémicos”. Esto debería traducirse en una simplificación de la legislación forestal básica y de conservación de la naturaleza “que incentive la actividad selvícola”; en un Fondo Forestal Nacional que permita “una financiación pública adecuada y el pago por servicios ambientales”; una comisión participada que permita esclarecer y depurar la titularidad de la propiedad forestal; y “un pacto nacional por los bosques que supere la visión y actuación cortoplacista y la óptica urbano centrista y que asegure la supervivencia y viabilidad económica de los montes”.
Para Francisco Carreño, “no hay ejemplo más claro de compromiso intergeneracional y ambiental que invertir y gestionar un territorio que no vas a ver los resultados en 100 años. Es necesaria una política de estado a largo plazo que nosotros solos no podemos hacer”.
Y, por último, reclama al Gobierno de España una campaña de comunicación “de alcance nacional” que muestre “la relevancia y el sentido de la gestión forestal sostenible y fomente la cultura forestal”.
Peticiones para el Gobierno de Castilla y León
Ignacio Mesa prepara el pino para su resinación. Foto I. Muñoz
Si las anteriores peticiones afectan al conjunto de los propietarios forestales en toda España, al celebrarse este primer congreso en Castilla y León se han extraído una serie de reclamaciones específicas para esta comunidad. Está previsto que el siguiente congreso nacional de la propiedad forestal se celebre en Cataluña dentro de dos años.
Las solicitudes regionales van desde el ámbito legislativo al social y político.
En primer lugar el reconocimiento de las organizaciones de propietarios forestales como agentes clave en el mantenimiento de un medio rural vivo y su inclusión en la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras de Castilla y León.
En materia legislativa también, la modificación de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, para recuperar la integridad del concepto de lo agrario y reforzar los vínculos entre la actividad agrícola, la ganadera y la forestal.
En tercer lugar” la puesta en marcha de una política de estructuras forestales, integrada en la de estructuras agrarias, orientada a diseñar el nuevo paisaje rural que se requiere, con discontinuidades y diversidad de usos, cubiertas y formaciones”.
También consideran necesaria una política de rentas forestales, “que haga crecer la renta forestal, como parte de la renta agraria” y un apoyo específico a la ganadería extensiva “por su valor para la prevención de incendios, y que atienda particularmente al mundo de la dehesa, a las zonas de media montaña, los puertos de montaña y la recuperación de la trashumancia”.
En el plano político, la Carta de Valladolid solicita un pacto “entre todos los partidos por el sector forestal, que lo sitúe en la agenda política”. Y relacionado con la agenda política reclaman igualmente una campaña de comunicación que muestre el valor fundamental de los bosques y el sector forestal para una región como la castellano-leonesa, acompañada de la creación de un departamento de educación forestal que dé valor “a la cultura forestal como seña de identidad autonómica de trayectoria secular”.
Estas conclusiones, recordadas como La Carta de Valladolid serán remitidas en breve a ambos gobiernos. El congreso ha sido organizado por FAFCYLE junto con la Junta de Castilla y León, CESEFOR y COSE.
