El Gobierno de la Junta de Andalucía anuncia la formulación de la nueva Ley de Montes
Andalucía renovará su Ley de Montes después de 30 años de vigencia de la actual. El encargo lo ha hecho el Gobierno andaluz y lo ha comunicado el consejero de Sostenibilidad Ramón Fernández-Pacheco. La intención es adaptar la normativa a la nueva realidad social y forestal en un contexto de cambio climático, ante la emergencia de los grandes incendios forestales, el abandono rural y la necesidad compartida socialmente de gestionar de forma sostenible los montes. El anuncio ha caído muy bien en el sector forestal, que demandaba desde hace años, un cambio
Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía
Los objetivos de la nueva ley son “fomentar la coordinación, cooperación y seguimiento de las actuaciones de los poderes públicos y los agentes sociales y económicos implicados en materia forestal para hacer compatible la puesta en valor y rentabilidad de los recursos disponibles con su sostenibilidad”, señala la Consejería de Sostenibilidad
“Nos encontramos en un contexto de cambio climático evidente en el que el concepto de la gestión forestal sostenible se hace más evidente que nunca. Además, queremos seguir impulsando la colaboración público-privada en los montes públicos de Andalucía, sectores como el ecoturismo, la simplificación de los procedimientos administrativos, así como por la dinamización de las instalaciones de uso público que la Junta de Andalucía tiene repartidas por todo el territorio hacen necesaria una nueva legislación”, ha comentado el consejero Ramón Fernández-Pacheco.
“Treinta años son muchos para esta ley y nuestra intención es actualizarla de la mano del sector. Primero con los grupos políticos dando cabida a la opinión de todo el arco parlamentario y en un diálogo constante con la sociedad andaluza y con los sectores sociales más implicados en la gestión de nuestros montes”.
Según la Consejería de Sostenibilidad, la nueva Ley de Montes deberá regirse por la simplificación normativa, la multifuncionalidad de los terrenos forestales en el marco de la gestión forestal sostenible, la adaptación de la superficie forestal al cambio climático, la inclusión de estrategias de compensación voluntaria de emisiones, la prevención de los incendios forestales y la inclusión de las Zonas Estratégicas de Gestión (ZEG) en las nuevas ordenaciones de montes.
Además del fomento de la colaboración público-privada en la gestión de los montes públicos y la simplificación en la tramitación de los procedimientos administrativos, el Gobierno andaluz anuncia con la nueva ley “la potenciación de los incentivos a los propietarios forestales privados, la conservación y restauración de la biodiversidad, el fomento de la formación y la capacitación forestal y el fomento de otros aprovechamientos compatibles y sostenibles en los montes”.
Señala el Gobierno andaluz la necesidad de que esta ley reconozca la contribución de los montes a la provisión de servicios ecosistémicos, “conjugando su conservación con la viabilidad del aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y su multifuncionalidad”.
Su intención es consolidar el Catálogo de Montes de Andalucía “como el instrumento de custodia y defensa del terreno forestal público andaluz, velando por la protección de todos los montes públicos en general y, en especial, de los terrenos forestales de propiedad de la Comunidad Autónoma, como patrimonio común de todas las personas que habitan la región”.
Una renovación esperada que debe servir para reactivar la gestión forestal
Cazorla, Segura y Las Villas. Foto Sabor y color Andalucía
La primera reacción del sector forestal ha sido positiva. “Disponer de una nueva legislación forestal ajustada a la realidad social y forestal es necesario”, comenta Manuel Romero, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Andalucía.
Para la Asociación Forestal Andaluza el anuncio no ha sido una sorpresa “hace algunos meses que se viene deliberando sobre la cuestión, a la que hemos sido invitados a participar desde el principio. Es la consecuencia lógica de un cambio de ciclo, que parece que otorga una mayor relevancia social a las nuevas necesidades de gestión de los montes andaluces, lo que celebramos”, comenta Gabriel A. Gutiérrez Tejada, presidente de AFA.
Para Juan Carlos Gómez, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales en Andalucía, era necesario cambiar una ley que “tiene treinta años de vigencia y responde a unos planteamientos que se han demostrado ya desfasados. Hay que sustituir el ordeno y mando de la administración para después no actuar en los montes por otro de participación social que promueva la gestión forestal sostenible. La letra de la canción que nos han contado suena bien, vamos a ver cómo se articula y en qué queda la canción”.
Todos ellos coinciden en la necesidad de adaptar la normativa a “los nuevos escenarios” sociales y del medio natural, aunque “no es la cuestión clave, en nuestra opinión. Lo crucial es que el resultado sea el mejor para el fomento de las adecuadas políticas de gestión forestal”, comenta Gabriel A. Gutiérrez.
Juan Carlos Gómez y Manuel Romero coinciden en que Andalucía cuenta con “una normativa rígida que no tenía a la multifuncionalidad como una premisa máxima, sino solo la conservación, entendida como la no actuación”.
Para Juan Carlos “hay una falsa imagen de que la conservación sin actuar es muy positiva porque hemos visto cómo crece el monte. Pero eso es, precisamente, uno de sus mayores problemas, sobre todo frente al cambio climático y a los grandes incendios forestales”. Señala Manuel que en Andalucía se cortaban más de 200.000 m3 de madera anualmente y ahora no supera los 50.000. “Toda esa madera está esperando en los montes a arder porque las nuevas condiciones sociales y naturales la colocan en una situación de máximo riesgo”.
Aprovechamiento de eucalipto en una finca privada en la provincia de Huelva, certificada bajo estándares de FSC. Foto I. Muñoz
Considera Manuel Romero que esta ausencia de gestión es fruto de la falta de planes e inversión en los terrenos forestales y de una normativa “que ha cargado de burocracia la gestión, convirtiendo a los técnicos en administrativos que mueven papeles, en una apuesta política por conservar sin tocar, lo cual es una contradicción porque eso dificulta la propia conservación. Muchos de los Montes de Utilidad Pública andaluces se convirtieron en espacios naturales protegidos por sus valores, fruto de la gestión realizada en ellos, lo cual es un reconocimiento implícito. Pasaron a ser intocables y ahora los tenemos en riesgo por el cambio climático y los grandes incendios. La gestión forestal debe ser dinámica, multifuncional y proveedora de todos los bienes y servicios que la sociedad necesita”.
Para Juan Carlos esta nueva ley “será positiva si refuerza la gestión forestal sostenible, es decir, sirve para equilibrar todas las exigencias que hacemos a los bosques: conservar la biodiversidad, pero también para generar una economía sostenible que promueva su propia gestión y sirva para consolidar las poblaciones locales”.
Desde AFA, su presidente Gabriel A. Gutiérrez, le pide a la nueva normativa “una simplificación real de los procedimientos administrativos, que permita agilizar la gestión de los montes públicos y, sobre todo, privados; que garantice la conservación y mejora de los terrenos forestales andaluces; que promueva los aprovechamientos en pos del desarrollo rural; que apoye a la industria y las empresas locales; y que facilite la creación de una estructura personal y material proporcionada a la magnitud del reto, en la que la relación de la administración con los actores del sector ponga el énfasis en dar solución a los problemas cotidianos y reales de todos ellos”.
Según el Tercer Inventario Forestal Nacional IFN3, Andalucía cuenta con 4.391.800 hectáreas de superficie forestal. De ellas, algo más de 1.100.000 ha son públicas y el resto son privadas, aunque con el problema de que la titularidad no está claramente definida en 3.140.000 ha, lo cual dificulta su gestión. “Con esos datos, es imprescindible fomentar la gestión privada, sus propietarios deben ser aliados, no podemos seguir prácticamente sin gestión en esa gran superficie por exigencias administrativas, falta de rentabilidad o incluso de funcionarios de montes que agilicen los procedimientos”, asegura Manuel Romero.
Plan Forestal de Andalucía horizonte 2030
La renovación del Plan Forestal de Andalucía, acordado en Consejo de Gobierno de enero de 2020, está en su última fase de elaboración, “por lo que sus orientaciones podrán ser incorporadas en el proceso de la revisión de la normativa forestal”. El actual plan se aprobó el 7 de febrero de 1989.
Desde que el 15 de junio de 1992 se aprobase la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía, se aprobó la Ley básica de Montes de 2003, que hacen necesario adaptar determinados preceptos en la normativa andaluza para ajustarla al contexto legislativo, social y medioambiental actual. “La aplicación de la ley es precisamente uno de los principales activos a la hora de plantear su actualización puesto que es posible identificar las principales disfunciones, carencias y oportunidades futuras”.
