El Gobierno aprueba la reforma de la Estrategia y el Plan Forestal Español, así como las Directrices Básicas Comunes de Gestión Forestal
El Consejo de Ministros aprobó antes de Nochebuena la revisión de la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 y del Plan Forestal Español 2022-2032, así como las Directrices Básicas Comunes de Gestión Forestal Sostenible previstas en la Ley de Montes. Este marco estratégico constituye el hito 64 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Buena parte del sector forestal considera la participación pública en la elaboración y tramitación de esta renovación ha sido escasa. El PFE prevé una inversión de la Administración General del Estado de 2.625 millones de euros para los próximos diez años.
Foto I. Muñoz
La Estrategia Forestal Española (EFE) es el documento de referencia para establecer la política forestal española y el Plan Forestal Español (PFE) es el instrumento de planificación a largo plazo de esa política forestal. La EFE, define las orientaciones estratégicas, las propuestas y líneas de actuación, mientras que el PFE, define las medidas y medios necesarios para desarrollar estas líneas estratégicas de acuerdo con las competencias propias de la Administración General del Estado AGE en materia forestal, ya sean las que ejerce de forma exclusiva, de forma compartida, o las que ejerzan las comunidades autónomas.
Señala el Ministerio que “con esta aprobación se cumple el hito 64 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro de las reformas incluidas en el componente 4 dedicado a la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad”. Distintas fuentes justifican el escaso tiempo de participación pública de que han dispuesto las propuestas del Gobierno antes de su aprobación en la necesidad de disponer de estos documentos legales para acceder a los Fondos Next Generation. De hecho, en el punto primero del PFE, “Introducción y marco de referencia”, se señala la obligatoriedad de “la aprobación y publicación en BOE a más tardar el 31 de diciembre de 2022, contribuye a la consecución y consiguiente acreditación del cumplimiento del citado hito número 63 de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España”.
Foto I. Muñoz
Pero la explicación no ha satisfecho a distintos actores forestales, entre ellos los propietarios forestales, asociados en COSE, que han emitido un comunicado en el que critican que el Gobierno haya aprobado la reforma del Programa Forestal Español sin atender la demanda de los selvicultores de incorporar una nueva fiscalidad forestal, una vieja demanda de los propietarios privados para incentivar la inversión en gestión forestal.
Para el presidente de COSE, Francisco Carreño, “si el objetivo de la Estrategia y el Plan Forestal es conseguir montes bien gestionados, los selvicultores necesitan una línea de ayudas fiscales y cobro por servicios (ambientales) que permitan poner en marcha esta gestión”. Para los selvicultores es “trascendental este nuevo instrumento de planificación estratégico forestal, por lo que debería haber seguido un mayor proceso de maduración y participación ciudadana. Hubiera necesitado de una mayor reflexión y tiempo para contar con la opinión de todas las partes interesadas. Tampoco ha respondido al compromiso gubernamental de hacer una política de participación ciudadana”.
Gestión forestal activa, adaptativa y preventiva
Procesadora realizando corta. Foto Sergio Aguarta Nasarre
Según el Miteco, “la Estrategia apuesta decididamente por un modelo de gestión forestal activa, adaptativa y preventiva, recuperando la sostenibilidad ambiental, social y económica en el entorno rural y como palanca de la transición energética y lucha contra la despoblación”.
Para COSE ese modelo activo, adaptativo y preventivo exige una mayor atención presupuestaria y de gestión por parte de los poderes públicos. “Detectamos una asimetría entre la importancia que tiene el territorio forestal para el bienestar ciudadano y la escasa preocupación política que genera”. En su opinión son momentos en los que “la opinión pública está despertando del escaso interés social por la gestión forestal y pide medidas contundentes para revertir la situación de abandono rural y los riesgos cada vez más preocupantes que provocan los incendios forestales”.
La EFE establece doce objetivos generales (OG) de la política forestal española en función de acuerdos internacionales y demandas de los bosques en función de “otras políticas sectoriales y transversales en las que los bosques y otras tierras forestales son esenciales”:
– OG1: Garantizar la conservación de los espacios y recursos forestales, compatibilizando su valor ambiental y socioeconómico,
– OG2: Mejorar el estado de conservación de determinados ecosistemas forestales, su biodiversidad, su conectividad y su papel en la infraestructura verde
– OG3: Reforzar el papel protector de los bosques y otras tierras forestales en el ciclo del agua, así como su preparación ante los riesgos derivados de incendios forestales, plagas y enfermedades.
– OG4: Mitigar los efectos del cambio climático, reforzando el papel de los sistemas forestales como los principales sumideros naturales de carbono gestionables
– OG5: Impulsar la bioeconomía circular, reconociendo un papel protagonista al sector forestal,
– OG6: Modernizar y poner en valor las cadenas de producción forestal
– OG7: Participar en las políticas de transición energética y descarbonización, promocionando el uso y aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal como fuente de energía renovable
– OG8: Contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible del medio rural
– OG9: Visibilizar el papel esencial de los montes en la sociedad dando a conocer la importancia de la gestión forestal sostenible, necesaria para garantizar el futuro de unos espacios y recursos forestales capaces de adaptarse y responder a los retos del cambio global y los incendios forestales.
– OG10: Mejorar la información forestal
– OG11: Disponer de un marco de gobernanza de la política forestal española que permita una adecuada coordinación y seguimiento de las políticas desarrolladas
– OG12: Aportar la amplia experiencia española en materia forestal en los diferentes foros y grupos de trabajo de ámbito europeo e internacional.
El Plan Forestal Español 2022-2032 desarrolla la EFE Horizonte 2050 durante el próximo decenio, es un “instrumento de referencia y coherencia para la planificación estratégica de la política forestal española” y serán las comunidades autónomas desarrollen su política forestal “mediante sus propios planes forestales autonómicos o instrumentos equivalentes de planificación estratégica”.
En su conjunto, el PFE propone un total de 289 medidas, de las cuales 86 se han considerado como prioritarias de acuerdo con la visión, mensajes y objetivos generales de la política forestal española definidos en la Estrategia.
Tanto la Estrategia como el Plan se articulan en cinco Ejes de intervención y 25 Líneas de Acción:
• Eje I: Conservación y mejora del patrimonio natural, la biodiversidad y la conectividad.
• Eje II: Prevención y adaptación de los montes ante el cambio climático y otros riesgos.
• Eje III: Bioeconomía forestal. Desarrollo y diversificación socioeconómica del sector forestal.
• Eje IV: Desarrollo y mejora del conocimiento y la cultura forestal.
• Eje V: Modelo de gobernanza forestal: marco normativo, administrativo e instrumental de la política forestal española.
Directrices básicas de gestión forestal sostenible
Se trata de una referencia orientativa para la elección de instrumentos de gestión forestal según la tipología de montes de que se trate. Servirá también para “la evaluación y seguimiento de la gestión aplicada, de conformidad con los criterios establecidos en resoluciones internacionales y convenios en los que España es parte”.
Establecen el contenido mínimo de las instrucciones de ordenación y aprovechamiento de montes para garantizar su gestión sostenible. Según el Miteco, “se relacionan dos instrumentos que pueden incentivar la gestión forestal sostenible, como son la custodia del territorio y el contrato territorial”.
Señalan los propietarios forestales que el contrato territorial “era una figura incluida en la ley de Desarrollo Rural Sostenible, y que no se aprobó nunca”, pero que puede ser “una definición muy interesante para el propietario forestal por sus actividades a largo plazo. Los custodios del territorio son los propietarios forestales y un contrato territorial podría ser bien aprovechado creando entidades de custodia, con todas las ventajas que tiene esta figura y pudiéndolo aplicar a través de las distintas organizaciones asociativas regionales”.
Presupuesto
A nadie se le escapa que desarrollar la EFE y el PFE “requiere disponer de fondos de financiación estables a largo plazo”, señala el propio documento del PFE. Para el Miteco esta financiación pasa por “la optimización de la financiación pública de las administraciones con competencias en materia forestal, tanto de la AGE como de las CC. AA., por el impulso de mecanismos para incorporar la financiación privada a la gestión forestal sostenible y por facilitar las estrategias de inversión mediante la colaboración público-privada”.
El presupuesto que prevé la AGE para los próximos diez años es de 2.625 millones de euros, con independencia de los presupuestos que cada comunidad autónoma destine a la gestión forestal en su territorio, dinero que vendrá, principalmente, de los fondos de desarrollo rural de la UE. De acuerdo con los ejes en los que se organiza la EFE y el PFE el presupuesto es el siguiente:
– Eje I: Conservación y mejora del patrimonio natural, la biodiversidad y la conectividad. 291 M €
– Eje II: Prevención y adaptación de los montes ante el cambio climático y otros riesgos. 1.560 M €
– Eje III: Bioeconomía forestal. Desarrollo y diversificación socioeconómica del sector forestal. 365 M €
– Eje IV: Desarrollo y mejora del conocimiento y la cultura forestal. 45 M €
– Eje V: Modelo de gobernanza forestal: marco normativo, administrativo e instrumental de la política forestal española. 364 M €
Datos que arroja la Estrategia Forestal Española
La falta de gestión provoca acumulación de combustible, lo que facilita los grandes incendios
Tanto la estrategia como el PFE deben partir de un conocimiento de la realidad forestal, así que, con ocasión de la revisión de la EFE, se ha actualizado el diagnóstico de la situación de los montes y del sector forestal español.
Muy sucintamente, en España los terrenos forestales representan más de la mitad de su superficie terrestre. Según el Mapa Forestal de España (MFE) y el Inventario Forestal Nacional (IFN), “algo más de 28 millones de hectáreas son espacios forestales que responden a la condición legal de montes”, es decir el 55,8 % del territorio.
Más de 18,7 millones de hectáreas se encuentran arboladas, lo que representa el 66 % de la superficie forestal y cerca del 37 % del territorio terrestre.
Desde la aprobación de la EFE en 1999, la superficie forestal arbolada, ha aumentado en casi 1,5 millones de hectáreas.
Entre las razones para ese crecimiento se encuentran las 430.579 hectáreas de repoblaciones forestales entre 2000 y 2020, así como la forestación de tierras agrarias favorecida por la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea en la última década del siglo XX, lo que supusieron 298.482 hectáreas desde 2000 hasta 2020. A estos trabajos de recuperación se suma “la regeneración natural de arbolado y matorral a costa de cultivos y pastos o eriales marginales abandonados al compás de la despoblación rural”. Entre 1940 y 1999 se repoblaron alrededor 4 millones de hectáreas.
Foto I. Muñoz
De la superficie arbolada el 56 % son frondosas, el 37 % coníferas y el 7 % restante son masas mixtas.
Las formaciones adehesadas y encinares son las que mayor representación tienen a nivel nacional, subren casi 5,4 millones de hectáreas (el 28 % de la superficie forestal arbolada nacional). La extensión de los pinares de Pinus halepensis supone poco más de un 10 % y el de las plantaciones forestales productoras un 8 %, principalmente de Eucalyptus spp. (619 mil ha), de Pinus pinaster en la región atlántica (242 mil ha), de Pinus radiata (263 mil ha) y de Populus spp. (81 mil ha, el 74 % en Castilla y León).
Más del 40 % de la superficie forestal española (11,3 millones de hectáreas) está incluida en un área protegida, espacio natural protegido (ENP) o Red Natura 2000 (RN2000), en algunos casos se solapan las figuras de ENP y RN2000. Algo más de 7,4 millones de hectáreas se encuentran arboladas.
Aproximadamente el 67 % de la superficie terrestre protegida es forestal. El 87 % de la superficie protegida por ENP son espacios forestales y el 80 % de las zonas de especial protección y conservación de la RN 2000 son terrenos forestales.
Alrededor del 72 % de los montes son de propiedad privada, individual o colectiva (más del 60 % de particulares). El 28 % restante de titularidad pública, principalmente de entidades locales (más de un 20 % de ayuntamientos).
Monte de Utilidad Pública n.º 251, “Dehesa del Moncayo” (Tarazona). Hayas desarrollándose espontáneamente bajo la protección de la repoblación de pino albar, realizada a partir de 1907. (Foto: A. Hernández).
Más de la cuarta parte de la superficie forestal española (26 %) está catalogada como Monte de Utilidad Pública (MUP), que engloba cerca de 7,4 millones de hectáreas. Alrededor del 84 % de la superficie forestal de titularidad pública está catalogada, lo que le confiere un régimen jurídico de protección especial.
En 2020 la superficie forestal con planes de ordenación superaba los 5,7 millones de hectáreas (20,3 % de la superficie forestal). Mientras que el porcentaje de superficie de monte público ordenado se sitúa en el 43,9 % (algo más de 3,3 millones de hectáreas), en el caso de monte privado ese valor representa el 11,7 % (algo más de 2,3 millones de hectáreas).
España es el segundo país de la UE en cuanto a superficie forestal, solo superada por Suecia. Ocupa el tercer lugar en cuanto a extensión arbolada, detrás de Suecia y Finlandia.
En términos generales, las cortas de madera están por debajo del crecimiento anual del bosque. “La tasa de extracción nacional es una de las más bajas de los países de UE”. Mientras que la media de países europeos es del 66 %, “en España, el porcentaje más elevado se situó en 2018 en el 43 %”. Únicamente Galicia, donde se corta el 54 % de la madera extraída de los bosques españoles, tiene una tasa de extracción equiparable a la media europea, seguida de las CC. AA. de la orla cantábrica, con tasas medias entre 40 y 45 %.
En 2019, último año para el que se dispone de datos consolidados (AEF), se cortaron 18 millones de metros cúbicos con corteza de madera (tasa de extracción del 39 %). Las cortas de coníferas se acercaron a los 10 millones de m³ con corteza, lo que representa el 55 % del total del volumen maderable aprovechado.
Cuatro especies aportaron el 88 % del volumen de los aprovechamientos maderables: Eucalyptus spp. (39 %), Pinus radiata (26 %), Pinus pinaster (16 %) y Pinus sylvestris (7 %). Mientras que más del 57 % de las cortas de coníferas procedieron de plantaciones de Pinus radiata, en el caso de las frondosas más del 70 % se hicieron en plantaciones de Eucalyptus spp.
El 87 % del total de las cortas de madera se produjeron en montes de titularidad privada, en el caso de las frondosas ese porcentaje se elevó hasta el 96 %.
