El sector forestal de Cantabria muestra a los grupos políticos regionales las necesidades y posibilidades del monte regional
Se acercan las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo y el sector forestal cántabro ha querido mostrar a todos los grupos políticos de Cantabria las necesidades de los bosques y del sector forestal. Entre las medidas más importantes, reclama la revisión del Plan Forestal de Cantabria (PFC), que debía haberse realizado en 2019, primer paso para la reactivación del sector forestal como generador de empleo y desarrollo. Señala la necesidad de hacer un seguimiento de la eficacia del Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Cantabria (PEPLIF) “e integrarlo en el nuevo PFC, a fin de dar coherencia a sus medidas”.
Selvicultura intensiva y bosques autóctonos conviven en el paisaje cántabro. Imagen de ELG21 en Pixabay
El documento está firmado por la Asociación Cántabra de empresarios de la Madera y del Comercio del Mueble (ACEMM), la Asociación Forestal de Cantabria (ASFORCAN), la Asociación española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL), Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales (COITF) y el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes (COIM).
“Ya hemos tenido una reunión y tenemos concertadas otras reuniones con distintos grupos políticos. La intención es que todos ellos sean conscientes del valor de los bosques y terrenos forestales cántabros, de la necesidad de invertir en gestión forestal sostenible y los beneficios sociales, ambientales y económicos que esto supone para la región. Después, cada uno de ellos incorporará estas propuestas, o no, a su programa electoral, pero deben ser conscientes, como mínimo, de lo mucho que nos jugamos si seguimos con tan escasa inversión pública”, asegura Javier Manrique, decano del COITF de Cantabria.
Unas condiciones idóneas para el aprovechamiento forestal
El documento comienza con un resumen ejecutivo que desgrana las principales características de los bosques cántabros en cuanto a especies, propiedad, empresas que trabajan en la región y empleo, además de potencialidades. El sector forestal en Cantabria está formado por 500 empresas que tienen 2.000 empleos directos, facturan 470 millones de euros y aportan el 4 % al PIB de la región.
Las condiciones climáticas y de suelo de Cantabria favorecen crecimientos de 18,5 m³/ha/año en el caso del eucalipto “muy superiores al que se produce en otras comunidades autónomas”.
Sin embargo, según estas asociaciones, “la industria dedicada a la transformación de madera de pino y de roble, se ve obligada a importar materia prima por la falta de estos recursos”. Y, mientras tanto, las previsiones de la FAO dicen que la demanda mundial de madera se incrementará hasta un 40 % hasta 2.030. “En Europa la demanda de madera crecerá entre un 25-50 %, para fabricación productos derivados del monte y para bioenergía”.
Repoblación en Cantabria
La superficie forestal que dispone de un plan de gestión forestal sostenible es del 14,75 % y el 37 % de los árboles de Cantabria presenta daños fitosanitarios. A pesar de que más del 68 % (373.793 hectáreas) de la superficie de Cantabria es forestal, el 42 % de ella se encuentra desarbolada “debido a la fuerte incidencia en Cantabria de los incendios forestales intencionados”. De ahí que, debido al potencial productivo de la región, a la necesidad de fijación de CO2, de madera y la creación de puestos de trabajo directos que produce la gestión forestal, consideran imprescindible que, “al menos” no disminuya la superficie destinada a selvicultura intensiva “algo que ya está sucediendo”, asegura Javier Manrique.
La gestión forestal como motor de desarrollo rural
Consideran estas asociaciones profesionales imprescindible reactivar el sector forestal para convertirlo en uno de los motores del desarrollo rural. “Es esencial incrementar sustancialmente los recursos públicos destinados a políticas forestales y en especial las partidas forestales del PDR en el próximo periodo de la PAC”.
“La inversión forestal pública en Cantabria en los últimos años ha sido muy escasa. Hay que recordar que el 72 % de la superficie forestal de Cantabria está catalogada como Monte de Utilidad Pública MUP, una de las regiones de Europa con mayor superficie forestal pública. Con esas cifras es obligada una atención presupuestaria pública acorde”, señala Javier Manrique, decano del COITF en Cantabria.
Hayedo en las inmediaciones de Espinama. Foto I. Muñoz
En febrero de 2021, algunas de estas asociaciones, avisaron que el Gobierno de Cantabria paralizaba el Fondo de Mejoras de los MUP y que la inversión en gestión forestal con respecto al año anterior se había reducido. En concreto, esta inversión era de 775.000 euros, lo que suponía el 5,35 % de la inversión de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
La segunda de las peticiones es que el Gobierno de Cantabria se adhiera a la Declaración de Burdeos, una declaración firmada por regiones del eje atlántico del sur de Europa (Aquitania, País Vasco, Navarra, Galicia y la Región Norte de Portugal) que señala a la falta de gestión forestal como la causa de que el monte “acumule más carga de combustible en forma de biomasa forestal, favoreciendo la propagación de los incendios y haciendo más difícil las tareas de extinción”.
Según esta declaración, “hemos comprobado que el peso de nuestra respuesta no puede estar solo en la extinción, sino también en la prevención, y para ello necesitamos un territorio gestionado, involucrando activamente a las personas selvicultoras, privadas y entidades públicas”.
En este sentido, las asociaciones forestales de Cantabria reclaman que se haga un seguimiento del Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Cantabria (PEPLIF) para evaluar la efectividad de las medidas puestas en funcionamiento antes de su reforma, “e integrarlo en el nuevo PFC, a fin de dar coherencia a sus medidas”.
La mejora de la fiscalidad forestal es una reclamación que ya han hecho a nivel nacional la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España COSE. Para las organizaciones cántabras, esta fiscalidad compensaría “los beneficios colectivos o externalidades” que aporta la gestión forestal sostenible, además de “las peculiaridades relacionadas con el sector: elevado riesgo inherente a la producción y discontinuidad de los ingresos”.
Según sus cálculos, una fiscalidad específica para el bosque hará atractiva la inversión en gestión y generar actividad económica. Por ello, reclaman desarrollar en Cantabria la figura del Selvicultor activo que ya funciona en otras Comunidades Autónomas.
Según Patricia Gómez, gerente de COSE, esta fiscalidad forestal “representaría un ingreso neto para la Administración ya que hay un retorno de estas deducciones a las arcas públicas a través del IRPF por nuevas contrataciones, cotizaciones a la seguridad social, el IVA que genera la actividad asociada y la disminución de gastos por prestación de desempleo, a lo que se sumaría el ahorro en extinción de incendios, ya que el monte estaría mejor cuidado”.
Medidas para incentivar la gestión forestal
Reclaman mejora de las pistas e infraestructuras que permiten acceder al monte.
Desde el punto de vista de la gestión forestal reclaman una serie de medidas en función del tipo de bosque. Por ejemplo, consideran necesario “intensificar los tratamientos selvícolas en las masas productivas, para mejorar su productividad y estado fitosanitario”, además de garantizar su conservación. “Estas actuaciones crean empleo y fijan población en los núcleos rurales”.
Consideran que esa gestión debe apoyarse en la mejora de la red de las infraestructuras de acceso a las vías de saca y parques de madera, lo que mejorará la competitividad del sector “e integrará otros objetivos: defensa contra incendios, usos recreativos, control del estado sanitario de las masas”, entre otros.
Creen necesario diseñar un Programa de Ayudas plurianuales al sector forestal que fomenten las nuevas reforestaciones, los tratamientos selvícolas y la certificación forestal, “para garantizar la cadena de custodia desde el selvicultor hasta la industria de transformación”.
Reclaman la promoción de la biomasa forestal con fines energéticos, “lo que tendrá beneficios preventivos frente a los incendios forestales”. Proponen un programa específico de ayudas a la extracción de biomasa forestal “con destino la valorización energética, con primas variables en función de los productos a extraer y las masas de las que provengan”.
Consideran necesario incrementar la superficie arbolada regional “para fomentar la contribución de las masas forestales a la fijación de CO2. Tal y como recoge el documento Aproximación al impacto socioeconómico del Sector forestal en Cantabria aprobado en la Mesa Sectorial Forestal y del Medio Natural”. La cifra necesaria, en su opinión, es a razón de 2.400 hectáreas de plantaciones forestales y 1.000 hectáreas de regeneración natural de formaciones forestales autóctonas anuales durante diez años. “Es necesario potenciar a medio plazo la diversificación de especies productivas y favorecer el empleo de material forestal mejorado”.
Y reclaman potenciar los tratamientos selvícolas específicos “para la mejora y conservación de las masas forestales autóctonas, especialmente aquellas incluidas en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria”, con el objetivo de garantizar la conservación de la biodiversidad”.
Mejora administrativa que agilice la gestión
Foto del Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Desde el punto de vista administrativo, proponen una serie de medidas que agilizarán la respuesta de la administración pública y el desarrollo de la gestión forestal.
Consideran necesario los firmantes “una revisión, adaptación y mejora de la normativa autonómica sobre aprovechamientos forestales, que agilice los procedimientos administrativos de autorizaciones y ajuste las tasas”. Reclaman coordinación entre el Gobierno de Cantabria y las entidades locales, “que son los propietarios de los montes, para la homogenización de los requisitos exigidos a las empresas para la realización de aprovechamientos forestales”.
Al igual que sucede en comunidades autónomas limítrofes, reclaman “la recuperación de estímulos a la renovación y adquisición de maquinaria forestal, enfocadas a potenciar el desarrollo y competitividad de las empresas regionales”.
Reclaman, una vez más, que el Fondo de Mejoras de los Montes de Utilidad Pública se destine a inversiones forestales: repoblaciones, tratamientos selvícolas e infraestructuras viarias forestales y de prevención de incendios.
Medidas sociales por la gestión forestal
Dada las posibilidades productivas de los montes cántabros, consideran necesario un modelo forestal adaptado a las necesidades de Cantabria “en función de su tejido industrial, para evitar escasez de materia prima y prevenir la deslocalización de empresas. Es necesario fomentar la integración entre el bosque y la industria forestal, por su alto potencial de creación de empleo y motor de desarrollo en el medio rural”.
Pero eso será posible contando profesionales cualificados en las escuelas de formación profesional de Cantabria; “fomentando la investigación aplicada” para aumentar la competitividad del sector forestal y las industrias de segunda transformación; promoviendo “la diversificación de las actividades de las empresas de aprovechamiento forestal hacia los servicios forestales integrales” y facilitando la vertebración del sector mediante “el fomento del asociacionismo”.
Por todo ello, consideran apropiado fomentar el uso de la madera como materia prima natural y renovable, procedente de los bosques cántabros, poseedora de “numerosas ventajas ambientales y sociales” sobre sus más directos competidores en la edificación.
