El proyecto de ley de Bomberos Forestales pasa los primeros escollos parlamentarios
Después de la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de Ley Básica de Bombero Forestal, en marzo de este año, los trámites parlamentarios han continuado hasta esta semana en la que la enmienda la totalidad que había presentado Junts per Catalunya ha sido retirada. Ahora comienza el periodo de presentación de alegaciones de los grupos parlamentarios, la discusión en la mesa del Congreso y la presentación definitiva del proyecto de ley para su aprobación en el pleno del Congreso. Todo parece indicar que su aprobación definitiva puede irse a después del verano.
Bomberos forestales del Servei Bomberos Forestales GVA. Foto Servei BF GVA
El deseo de los sindicatos y las distintas asociaciones de bomberos forestales era que el estatuto estuviese aprobado en los primeros días de junio “para disponer en esta campaña ya del Estatuto”, comenta Carlos Martín, bombero forestal de las BRIF y responsable del sector en CC. OO. Sin embargo, la presentación de la enmienda a la totalidad de Junts, la celebración de elecciones autonómicas y municipales en mayo y el posterior mes de agosto, en el que la actividad parlamentaria desaparece, implican una serie de parones en la tramitación que pueden retrasar la aprobación definitiva de la Ley hasta después del verano.
El texto que presentó el Consejo de Ministros, en marzo de 2023, cambiaba sustancialmente algunos aspectos que recogía el anteproyecto de ley que presentó en noviembre y que dejó a los representantes sindicales “fríos y decepcionados”. “Este proyecto de ley es otra cosa completamente distinta. El Gobierno ha incluido una parte importante de las alegaciones que hicimos conjuntamente los sindicatos al anteproyecto y puede decirse que, excepto en tres puntos que consideramos importantes y claramente mejorables, este proyecto ya podría incluso aprobarse”.
La unidad de acción sindical, en la que participan UGT, CC. OO. y CSIF, ha presentado 15 alegaciones al proyecto de ley, aunque las relacionadas con el apartado de prevención de riesgos laborales, exámenes excluyentes de preparación física y segunda actividad son las que consideran más importantes.
Al anteproyecto de ley, presentado en noviembre, le aportaron alegaciones el resto de ministerios relacionados, desde el de Interior al de Hacienda, también informaron preceptivamente diferentes organismos públicos y resto de administraciones autonómicas que señalaron sus carencias y competencias. “El resultado es un nuevo texto bastante aceptable. Hemos hecho mucho trabajo parlamentario, nos hemos reunido prácticamente con todos los grupos políticos, les hemos transmitido nuestras necesidades y las han recibido todos con muy buena predisposición, excepto Junts per Catalunya”, asegura Carlos Martín, que especula con la posibilidad de que esa buena acogida general haya pesado en la decisión final de Junts de retirar la enmienda a la totalidad.
Foto I. Muñoz
“No es poca cosa porque esto agiliza el trámite parlamentario, aunque solo sean unos días y puede que no sea suficiente como para disponer del estatuto en la campaña de máximo riesgo de este verano. Los sindicatos hemos hecho un trabajo continuo para acelerar lo máximo posible su aprobación en el Congreso”, asegura Carlos Martín.
Uno de los escollos de esta nueva ley era la posibilidad de que “pisase” competencias autonómicas, lo que podía obligar a desarrollar una Ley Básica poco concreta para las aspiraciones de los representantes de los bomberos forestales. En el preámbulo del proyecto de ley se recoge que su objetivo es que “el colectivo cuente con el suficiente grado de cohesión en su naturaleza, operatividad y régimen en todo el territorio nacional, lo que no tiene que suponer en ningún caso un menoscabo de las respectivas competencias autonómicas, sino establecer un marco común que se traduzca en una mayor eficiencia y eficacia de los medios y recursos que garantizan la seguridad medioambiental y de la ciudadanía”.
“Nosotros no queremos que se politice la ley. Les hemos explicado a los grupos parlamentarios la necesidad y utilidad de disponer de un marco común que garantice nuestra actividad en todo el territorio nacional, que esto servirá para mejorar los dispositivos y aumentará su eficacia para enfrentarse a los grandes incendios y creo que hemos conseguido que todos lo entiendan, no es cuestión de política”, asegura Carlos.
Un estatuto que unifique las condiciones de los bomberos forestales
Una parcela abandonada con vehículos y otros objetos supone una amenaza a las viviendas vecinas. ©2020 David Caballero
Asegura el proyecto de ley que “los incendios han cambiado de patrón, y en vez de ser solamente estacionales, salvo determinadas excepciones, se acaban produciendo a lo largo del año, especialmente en ciertas zonas de riesgo”. Señala los efectos del cambio climático, la urbanización de las sociedades y el cambio de usos en la zona rural, como los responsables de que “los incendios se vuelvan más transversales y afecten no sólo al ámbito forestal sino también a interfaz urbano-forestal”, con el consiguiente aumento del riesgo para la vida de las personas que viven cerca de los siniestros.
“La dimensión que alcanza el fenómeno exige, por tanto, un nuevo planteamiento organizativo y estructural para los dispositivos de extinción y prevención de incendios a nivel nacional, ya que los incendios no entienden de límites territoriales ni estacionales y exigen cada vez más una mayor coordinación y cooperación”, se puede leer en el proyecto de ley.
Justifica el proyecto que la necesidad de coordinación y de gestión integral de los incendios en el hecho de que los trabajos de extinción se realizan por distintos profesionales de ámbitos diferenciados, “comúnmente denominados bomberos forestales”, con diferentes categorías profesionales y con distintas responsabilidades, formación y preparación. “Esta organización dispar ha acabado generando en numerosas ocasiones situaciones de alta temporalidad y estacionalidad en el colectivo, con sueldos y complementos muy variables y con diferentes cometidos, atribuciones y requisitos de formación”.
Ante esta situación, el artículo 1 del proyecto recoge que el objetivo de la proposición de ley es “establecer un marco de regulación de las funciones propias del personal que, en el ejercicio profesional de bombero forestal, realice actividades de extinción de incendios forestales y, en su caso, complementariamente, actividades de prevención, detección, vigilancia, labores de información a la población, bajo la supervisión del superior responsable, así como de apoyo a las contingencias se produzcan en el medio natural y rural”.
Bomberos forestales en la manifestación de Madrid marzo 2023. Foto ATBRIF
La proposición de ley establece los derechos y obligaciones específicas “al tratarse de un servicio de carácter esencial e interés social”.
Esta norma será de aplicación a los bomberos forestales, así como a todas las administraciones, organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas.
El personal adscrito por las administraciones públicas a las funciones que señala esta proposición de ley tendrá la condición de empleado público.
En cuanto a formación, el proyecto recoge que “las administraciones competentes establecerán el procedimiento de acreditación del conjunto de las competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de la actividad laboral de las operaciones de extinción de incendios forestales de acuerdo a la Ley de Montes 43/2003”. Estas administraciones públicas dispondrán de dos años para tener este proceso de evaluación.
Serán estas mismas administraciones quienes “promoverán la formación asociada a dicho perfil, así como el reconocimiento de la experiencia laboral y vías no formales de acreditación”. Y señala que será la administración pública o empresa privada que preste estos servicios quienes facilitarán “la formación continua reglada, teórica, física y práctica requerida para la realización de las competencias vinculadas a su puesto de trabajo”, dentro del horario laboral y sin coste para el trabajador.
El proyecto de ley se completa con diversos apartados que recuerdan a un convenio laboral: salud laboral y prevención de riesgos laborales, derechos específicos, jornada de trabajo, mantenimiento de plantillas en caso de sucesión empresarial e igualdad de género.
Para Carlos Martín, la unidad sindical ha hecho «un trabajo importante de reuniones para explicar nuestra postura, ahora es el tiempo de que los grupos parlamentarios presenten sus alegaciones, se discuta el texto y posteriormente se lleve al pleno del Congreso para su aprobación. Nos gustaría que cuanto antes, aunque somos conscientes de que los tiempos parlamentarios no coinciden siempre con las necesidades sociales. Solo esperamos que el resultado final merezca la pena”.
