Un programa electoral que ponga el acento en la salud del planeta y en la calidad de vida de las personas
Las cinco principales asociaciones ecologistas españolas han presentado un ideario electoral que, bajo el lema “Yo apoyo a la casa común”, quiere huir de discursos elaborados, lo que denominan “tópicos electorales”, y de falsas disyuntivas entre el desarrollo económico y el medioambiente. La salud del planeta debe ser el centro de “un nuevo modelo económico que sea más ecológico o quemaremos las vigas de la casa para calentarnos”. Para las cinco ong la salud, la calidad de vida y el entorno que habitan las personas debe estar en el centro de la acción política.
Juan Carlos Del Olmo de WWF, Blanca Ruibal de Amigos de la Tierra, Asunción Ruiz de SEO/BirdLife, Eva Saldaña de Greenpeace y Luis Rico de Ecologistas en Acción en la presentación de su propuesta de prioridades electorales
Para los cinco grupos, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y WWF, se deben abordar conjuntamente problemas ambientales, sociales, ecológicos y económicos. “No podemos seguir cayendo en tópicos como empleo, economía, sanidad e incluso medioambiente si las políticas no se convierten al final en mejoras de la salud del planeta y en la calidad de vida de las personas”, comenta Luis Rico de Ecologistas en Acción.
“El mayor patrimonio de este país es su naturaleza, su economía depende de nuestros espacios naturales protegidos y de los no protegidos”, asegura Asunción Ruiz de SEO/Birdlife. Las cinco ong muestran su preocupación por “la degradación de la naturaleza como la enorme vulnerabilidad social existente. Estos problemas están conectados y requieren soluciones conjuntas. En este momento de crisis, cuidar del territorio y de su naturaleza es cuidar el empleo, el agua, la salud, la calidad de vida. Supone el cuidado de las personas, necesario para corregir los desequilibrios ambientales y sociales, para velar por el bien colectivo, para fortalecer la democracia”.
Para ello han identificado ocho ejemplos de lo que denominan tópicos ambientales que, a su juicio, no reflejan políticas reales de preocupación ambiental, más bien al contrario, son, en su opinión, “una muestra del nulo interés y cuidado por la salud de nuestro planeta”.
Se trata de ocho ejemplos concretos desarrollados en el territorio español: la unión de estaciones de esquí en el Pirineo Aragonés, la derogación de Madrid Central, la contaminación del Mar Menor, unas Tablas de Daimiel al borde del colapso hídrico, las toxinas emitidas por la incineradora de Valdemingómez, la regasificadora de El Musel, la desprotección del archipiélago Chinijo y la implantación de renovables sin planificación ni zonificación vinculante en el territorio.
“Son estos como podían ser otros, lamentablemente sobran ejemplos en todas las administraciones y de distinto signo político, pero son una muestra significativa de las cuestiones que nos preocupan”, señala Juan Carlos del Olmo de WWF. Frente a estos ejemplos ofrecen propuestas que sirvan “realmente para el cuidado de las personas, del medio ambiente y eliminar la vulnerabilidad social”.
Para estas organizaciones, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen gran parte de las competencias sobre cuestiones tan importantes como la gestión de los residuos, del agua, de los espacios naturales, de la calidad de la alimentación y del transporte, es decir, “una muy buena parte de los asuntos que pueden contribuir a atajar la crisis ecológica y social que vivimos”. De ahí que estas elecciones autonómicas y municipales tengan una gran importancia en las políticas ambientales que se desarrollarán en el territorio. “El debate electoral va a durar todo el año y el medioambiente, la casa común que habitamos, su salud, que es la nuestra, está en el centro de todos los debates”, ha asegurado Luis Rico.
“Yo apoyo al empleo”
Estación de Formigal. Foto Juliet Villora
Primer tópico que quieren desmontar. Ponen el ejemplo de la propuesta del Gobierno de Aragón de unir las estaciones de esquí de Candanchú, Astún y Formigal a través del valle virgen de Canal Roya, en Los Pirineos. En su opinión, “su construcción afectaría a zonas de alta montaña, de alto valor paisajístico y ecológico, y no se adapta a los principios establecidos por la Comisión Europea para la adjudicación de los Fondos Next Generation: transformar el tejido económico para hacerlo más sostenible y no hacer daño al medioambiente. Supondría graves impactos ambientales sobre los ecosistemas afectados, que se encuentran ya de por sí en una delicada situación”.
Frente a propuestas de «empleo estacionales» basadas, a su juicio, en una incertidumbre de futuro por la previsión de menor disponibilidad de nieve, proponen actividades económicas que se puedan sostener de forma constante y a mayor plazo “porque no agotan los recursos de los que depende”. Ponen como ejemplo, “la restauración de ecosistemas y la conservación de la biodiversidad porque revierte la crisis ecológica y puede suponer un nicho importante de nuevos empleos”.
Apuestan por un sector primario “diverso y de pequeña escala como base del empleo rural, que desarrolle prácticas sostenibles, como la agroecología, la ganadería extensiva o la de pasto, la gestión forestal próxima a la naturaleza, la pesca familiar con gestión basada en los ecosistemas o el ecoturismo limitando la capacidad de los destinos”.
“Yo apoyo la movilidad sostenible”
Denuncian la derogación del proyecto “Madrid central”, que redujo la presencia de los automóviles en la zona centro de Madrid lo que se tradujo en una reducción de los gases contaminantes en esa zona. Su sustitución por “Distrito centro”, “un proyecto calcado a Madrid Central, si bien con mucha menor ambición”, recogen en el informe, ha reducido la mejora de la calidad del aire en la capital.
Facilitan el dato de la Universidad Carlos III de Madrid según el cual 14.000 ingresos hospitalarios al año en Madrid son atribuibles a la contaminación atmosférica. Según sus cálculos en función de las nuevas exigencias de la Organización Mundial de la salud para la calidad del aire, el tráfico en Madrid debería reducirse en un 50 %.
Frente a esto, proponen las ong la evidente reducción de la circulación de automóviles, una apuesta por el transporte público, “limpio y eficiente, como base de los desplazamientos de media y larga distancia, y tener prioridad frente a los vehículos privados a motor”; la implantación del “billete climático: un billete único, accesible a personas con pocos recursos, que permita utilizar todos los modos de transporte e incentive el uso del transporte público”; la reducción de espacio público destinado a aparcamientos de coches por ser “grandes atractores de tráfico” y una apuesta por la movilidad activa y el transporte público electrificado que garantice la conexión rural–urbana.
“Yo apoyo el desarrollo rural”
Foto Hans
Critican los cinco grupos las macrogranjas por su capacidad para «reducir el empleo y sus efectos negativos, en forma de emisiones de gases de efecto invernadero y residuos, para el medio natural». Ponen el ejempo de Fuente Álamo, en Murcia, donde se concentra el 80 % de la ganadería intensiva de porcino de la cuenca del Mar Menor y el 70 % del censo total de animales de todas las especies de esta cuenca.
Frente a este tipo de propuesta económica solicitan “una moratoria inmediata y sin excepciones a la ganadería industrial porque ayudará a frenar el aumento de emisiones del sector agrícola y evitará un importante motor de despoblamiento rural”.
Hacen responsable a este tipo de ganadería de la contaminación del agua por nitratos por lo que piden la reducción de la cabaña ganadera en intensivo en un 50 % para 2030. Se muestran partidarios de la ganadería extensiva, de pequeña y mediana escala y de base agroecológica, por su capacidad de crear empleo y de garantizar beneficios ambientales.
En el plano social reclaman servicios públicos esenciales de calidad en el medio rural, en sanidad, educación, empleo, transportes, comunicaciones y políticas con perspectiva de género para el reparto justo de las tareas de cuidados y la visibilidad y oportunidades de las mujeres en el medio rural.
“Yo apoyo la agricultura”
Tablas de Daimiel en un año con lluvias. Imagen Ríc Manzano
Apoyar al medio rural no puede ser a cualquier precio. Esta es la conclusión del siguiente tópico que denuncian y para el que ponen el ejemplo del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
Denuncian las ong la falta de control en la extracción del agua y las ayudas económicas que han provocado un cambio de la agricultura de secano hacia “una agricultura de regadío industrial, que consume recursos por encima de la disponibilidad de los acuíferos”. Según sus datos, se han detectado en la zona casi 52.000 hectáreas que son regadas ilegalmente y consumen 92 hm³ cada año. Como consecuencia, algunos humedales han desaparecido. En la Mancha húmeda se han perdido el 80 % de ellos por falta de agua o por desecación artificial”.
La sequía ha hecho el resto para dejar el acuífero 23, del que bebe el parque nacional, “con un déficit de 1.200 hectómetros cúbicos”. Se preguntan si, en esta previsión de menor precipitación para los próximos años, podrá mantenerse incluso, no solo el parque nacional, sino la agricultura. “Hay una disputa por establecer el relato del mundo rural y captar su voto con posiciones polarizadas y la tendencia es a polarizarla más. La pregunta que debemos hacernos es ¿qué modelo de desarrollo rural queremos?» manifiesta Juan Carlos del Olmo.
Su propuesta es un modelo agrario no ligado al uso intensivo del agua y de combustibles fósiles, que sea capaz de adaptarse a los efectos del cambio climático. “Un modelo agrario perdurable en el tiempo, centrado en la calidad y no en la cantidad, que promueva circuitos cortos de distribución para que la mayor parte de la riqueza se quede en los territorios, y que ayude a conservar y restaurar la naturaleza”.
“Yo apoyo la economía circular”
El ejemplo negativo para las ong es la incineradora de Valdemingómez en Madrid, que según sus datos “quema 1.000 toneladas de residuos sin separar”, lo que origina una acumulación de sustancias tóxicas en el ambiente. Según las ong, “las toxinas halladas en las proximidades de la incineradora superan los límites legales o recomendaciones de la UE”.
Además del transporte por carretera de los residuos, el incumplimiento de su separación, la concentración de su gestión en un solo punto supone “un importante desequilibrio territorial ya que los impactos ocasionados por los residuos que genera toda la población son sufridos por unas comunidades determinadas”.
Proponen un modelo de pago por generación que incentive la prevención y la correcta separación de residuos; la recogida selectiva puerta a puerta, la prevención mediante la reducción de la cantidad de residuos; el compostaje doméstico, comunitario y agrario, que suponen un abono natural para el suelo, reduce emisiones y contribuye a la creación de empleo verde y local; y un modelo de gestión basado en los principios de proximidad y precaución.
“Yo apoyo la seguridad energética”
Frente a los combustibles fósiles, que recorren miles de kilómetros para llegar a nuestro país, además de dejar una buena suma de dinero en el exterior y un reguero de gases de efecto invernadero, proponen apostar por las energías renovables comunitarias; el desmantelamiento de plantas regasificadoras; un plan para que los municipios sean eficientes y 100 % renovables para 2040; y el fin de las subvenciones a las calderas de gas, «enfocando todas las ayudas a la calefacción y refrigeración renovable junto a las mejoras en la eficiencia”. Reclaman abandonar los combustibles fósiles y la energía nuclear.
El ejemplo negativo en esta ocasión es la regasificadora del Musel, en Gijón, que no ha entrado en funcionamiento tras un largo proceso de aprobación de informes ambientales, permisos y trámites burocráticos y no espera hacerlo hasta el mes de julio de 2023. Para las ong el gas en Europa es una de las principales fuentes de emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero, “debido a las fugas de metano que se producen a lo largo de toda su cadena de valor. El metano tiene un Potencial de Calentamiento Global (PWG) entre 84 y 86 veces superior al CO2 en un periodo de 20 años”.
“Yo apoyo la declaración de espacios naturales protegidos”
Chinijo. Imagen campaña «Yo apoyo la casa común»
Denuncian las ong que los enp son papel mojado si no disponen de instrumentos de gestión y participación pública. Los ejemplos en este apartado podrían ser numerosos, aunque las ong han elegido el archipiélago de Chinijo, en las Islas Canarias. Se trata del espacio natural marítimo-terrestre “más importante de Canarias”, por su “extraordinario valor ambiental, geomorfológico y paisajístico”, al albergar la mayor biodiversidad marina de la región y ser “uno de los espacios más importantes para la conservación de las aves de Canarias, el cuarto sitio en importancia florística de la UE”. Dispone de varias figuras de protección y, sin embargo, “carece de un plan de gestión en vigor que integre toda su superficie marítima-terrestre y de un órgano de gestión propio”.
Consideran las ong que es “un claro ejemplo de los denominados ENP de papel”. Mientras ha aumentado la dependencia económica de la población local por el turismo, han decaído las actividades tradicionales de pesca y marisqueo, “se han ido declarando nuevas figuras de protección con normativas no consensuadas, que son vistas por la población como “límites a su desarrollo económico”, por lo que en la actualidad existe un fuerte descontento social con la gestión del espacio”.
Para las ong la conservación de los ENP pasa por “implicar a todos los actores sociales en la elaboración, implementación, control y evaluación de sus normas de conservación, estableciendo además cuantos límites sean necesarios de manera que se garantice su conservación a largo plazo”.
Consideran que los diferentes usos en los ENP “deben estar supeditados a la conservación de sus valores naturales, recalcando la importancia de controlar el número de visitas que puede soportar un espacio natural”. Piden la creación de órganos de gestión propios y participados de los ENP.
“Yo apoyo a las energías limpias”
La producción de energía renovable no puede hacerse a cargo de la biodiversidad y de las poblaciones locales. Conscientes de que para llegar al objetivo del consumo 100 % de energía renovable, con la intención de frenar el cambio climático, “hay que correr mucho”, consideran necesario cambiar el modelo energético para colocar a la ciudadanía “en el centro como consumidores y como productores de energía”.
Denuncian la colocación de infraestructuras de energía renovable demasiado cerca de ENP, en lugares con graves afecciones para las aves, o con una gran acumulación de proyectos en un mismo territorio, que no han integrado a las comunidades locales o que se fraccionan para sortear la legislación ambiental y lograr los permisos necesarios.
Su propuesta es alcanzar un sistema eléctrico 100 % renovable para 2030, así como reducir la demanda de energía un 50 % y cubrir lo que quede totalmente con renovables para 2040. Creen beneficioso colocar las plantas de producción renovable “lo más cerca posible del lugar donde se consume”. Piden la creación de “comunidades energéticas ciudadanas y proyectos de todos los tamaños y tecnologías renovables para que el sistema energético sea lo más diverso y participado posible”; un reparto “justo” de los beneficios económicos de las renovables “para que sean una herramienta para ayudar a solucionar los problemas de la España vaciada” y una planificación a escala regional de dónde se pueden instalar estos proyectos “basada en la sensibilidad ambiental”
De cara a las elecciones del 28 de mayo, la cuestión es saber si el resto de la ciudadanía tiene el mismo enfoque que las ong ambientalistas. Para Asunción Ruiz “la naturaleza no es un capricho del naturalista, es un lujo que no nos podemos permitir perder. Quien no vote en estas elecciones por la “casa común” pone al resto de la ciudadanía en una situación muy difícil”. Sin embargo, reconoce que no ven “programas electorales que pongan a la Tierra y la naturaleza en primer lugar y eso debería tener un coste para los partidos que no la incluyan”.
Para Luis Rico “es el momento de exigir a todos los partidos políticos que este país necesita políticas reales y decirles que si no cuenta con el medioambiente tampoco le van a salir las cuentas electorales”.
Preguntados por el tema ambiental más polémico de la última semana, la posible regulación de regadíos ilegales en Doñana, considera Juan Carlos del Olmo que es otro ejemplo más de “Yo protejo Doñana y a la vez la machaco, algo comparable con lo de Aragón y las pistas de esquí en Los Pirineos. En el caso de Doñana es más palpable aún que no se trata de un problema local, lo es nacional y lo es internacional porque lo que se hace allí tiene efectos para todos los demás, así que es un debate que nos afecta a todos”.
