Los montes españoles están peligro si no se actúa rápidamente
La Confederación de Organizaciones de Selvicultores (COSE) advierte al Gobierno de España que “o se hace gestión forestal o la supervivencia de los montes está en peligro”. Los propietarios forestales “tienden la mano” al Gobierno para tratar las cuestiones forestales más importantes durante la presidencia española de la Unión Europea y recuerdan que “los objetivos de la Política Forestal en España pasan por la implicación de los propietarios privados de montes”, que suponen casi el 67 % de la superficie forestal española.
La Asamblea general de COSE se ha celebrado este año en Álava.
“Las sequías son cada vez más prolongadas, las temperaturas cada vez más elevadas, el abandono del monte aumenta y el riesgo de grandes incendios forestales más alto y peligroso”, aseguran los propietarios forestales. El diagnóstico no es nuevo, pero sí es objetivo como muestran las estadísticas meteorológicas y los datos de la Secretaría para el Reto Demográfico. Aumenta el abandono del monte porque aumenta la despoblación rural y además se envejece.
Según Secretaría para el Reto Demográfico, desde el año 2001, Extremadura, Castilla y León, Galicia y Asturias pierden población, pero desde hace diez años también se han sumado a esa despoblación Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja.
De los 8.131 municipios que hay en España 5.102 pierden población desde comienzo de siglo. Esa cifra ha aumentado a los 6.232 en la última década. Es decir, 3 de cada 4 municipios pierde población. Se trata de una despoblación fundamentalmente rural. Hay en España 6.815 municipios menores de 5.000 habitantes. De ellos, 5.620 pierden población, es decir el 80 %. En la última década se han marchado 410.000 personas de estos municipios, el 7,20 % de su población.
Mapa de España con densidad de población menor a 12,5 habitantes por km2
Si fijamos la atención en los municipios menores de 1.000 habitantes la situación es de sangría demográfica. Hay 5.000 municipios con menos de 1.000 personas censadas y el 86 % de ellos pierde población. Viven 1.400.000 personas en ellos pero en la última década han perdido más de 200.000 habitantes, es decir el 14,28 % de su población.
La densidad de población es otro de los síntomas que ayudan a entender el problema de la despoblación rural. La densidad media de población en España es de 93 habitante por km², mientras que la europea es de 120 habitantes. Sin embargo, hay casi 4.000 municipios con una densidad inferior a los 12,5 hab/km². Los municipios con esa baja densidad ocupan el 48 % del territorio nacional, 243.000 km2. Buena parte de ellos coinciden con zonas forestales o de alta montaña.
Mapa Forestal de España de 2010, fuente MITECO.
El siguiente problema asociado es el envejecimiento de la población. En los municipios menores de 5.000 habitantes 1,5 millones de personas superan los 65 años, es decir el 25 % de la población. En los municipios menores de 1.000 habitantes el porcentaje de mayores de 65 años aumenta hasta el 30 %, de los cuales casi el 15 % supera los 80 años.
Frente a este reto demográfico, los propietarios forestales privados y los municipios propietarios de Montes de Utilidad Pública señalan que la gestión forestal es una de las actividades fundamentales para frenar la despoblación, ofrecer oportunidades de empleo estable y una garantía de conservación de espacios naturales “fundamentales para la calidad de vida de toda la sociedad”.
Incentivar esa gestión forestal necesita, para COSE, “cambiar la legislación en materia de fiscalidad; incentivar la actividad forestal y las agrupaciones; modificar el catastro; promover el consumo de los productos forestales naturales y renovables para favorecer la rentabilidad del aprovechamiento de los montes y la prestación de los servicios ambientales.
“Debemos lograr que el monte sea un motor económico para su propia supervivencia y conservación. Los beneficios serán una realidad en unos años desde el punto de vista ambiental, económico, social y de biodiversidad. Las administraciones tienen la llave, los selvicultores el compromiso. De todos es la responsabilidad”, aseguran desde COSE.
Una de cal y otra de arena en la Unión Europea
Foto I. Muñoz
La noticia positiva para los selvicultores ha sido la modificación de la Directiva de Energías Renovables Red III, aprobada el pasado 30 de marzo de 2023, en la que se ha eliminado la definición de “biomasa forestal primaria”. A su juicio, “esto habría implicado que prácticamente la totalidad de las biomasas que se valorizan en España no fueran elegibles para la generación de energía eléctrica”.
Por el contrario, lo que les preocupa es el Reglamento sobre Deforestación y Degradación Forestal y la definición que hace de “degradación forestal” cuando evalúa el impacto real sobre el territorio. Para COSE, el Reglamento para establecer un marco voluntario para la Certificación de la UE de las Absorciones de Dióxido de Carbono no tienen en cuenta las buenas prácticas existentes, que ya se hacen para los sumideros de carbono. “El Reglamento da por obtenidas unas absorciones que han sido fruto del esfuerzo del selvicultor y que están en peligro por los grandes incendios y el cambio climático. El abandono de la gestión forestal implica grandes emisiones de CO2, por incendios y otras catástrofes y esto debe ser considerado”.
Y en cuanto al Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza, solicitan que se haga atendiendo a criterios técnicos, científicos y económicos, con la participación de los selvicultores y gestores del territorio y «dotando una financiación adecuada para llevarlo a cabo».
La intención de COSE es reunirse con los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados “para explicarles y concienciar de la situación realmente complicada a la que vamos sin solución de continuidad”. Estos serán los ejes de su discurso:
• Una fiscalidad adaptada a la producción forestal que incentive la gestión forestal y la profesionalización
• Articular un mecanismo para compensar las externalidades positivas de los bosques (contemplados en varios artículos de nuestra legislación básica)
• Llevar a cabo una campaña de comunicación relevante de alcance nacional, que traslade a la sociedad la importancia de la gestión forestal sostenible, frene la pérdida de conocimiento y fomente la cultura forestal
• Priorizar medidas del Plan Forestal Español para su implementación en este periodo atendiendo a las necesidades más imperiosas
• Garantizar un porcentaje de intervenciones forestales y presupuesto suficiente dentro del Plan Estratégico de la PAC
• Disponer de una Estadística Oficial de precios de venta de créditos de CO2 en el mercado voluntario de absorciones.
• Una correcta participación y gobernanza en el desarrollo normativo en materia forestal que garantice una seguridad jurídica y viabilidad económica de los montes, para evitar el abandono y el deterioro de las masas forestales.
Concluyen los selvicultores que “sin un compromiso social, político y presupuestario a largo plazo para ejecutar una gestión forestal activa y continuada, seguiremos poniendo parches a problemas emergentes, pero estaremos muy lejos de la solución real, hasta que llegue un punto en que la situación sea irreversible”. En su opinión ese escenario está más próximo de lo que parece.
