El Defensor del Pueblo pide a las administraciones reforzar las medidas de prevención y gestión, así como mejorar la resistencia y recuperación de los montes tras los incendios
El Defensor del Pueblo lo dice muy claramente: “el incremento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones y la sequía, como consecuencia del cambio climático, configuran un escenario de constante incremento de la gravedad de los incendios. Y esto obliga a prestar mayor atención a las medidas preventivas y de gestión forestal sostenible. Debe superarse el enfoque del incendio únicamente como emergencia e incidirse en la prevención”.
Cada administración pública con responsabilidades en materia forestal y de gestión de incendios forestales recibe un recordatorio de deberes legales. Este llamamiento del Defensor del Pueblo se produce tras el análisis de la información que han remitido estas administraciones públicas, después de que la institución del Defensor iniciase actuaciones de oficio tras los graves incendios ocurridos el pasado verano, y la necesidad de comprobar el grado de cumplimiento de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno en agosto de 2022 (Real Decreto- Ley 15/2022).
Por ello, considera el Defensor que la implantación de las medidas propuestas requiere de un impulso. “Sólo así se podrá hacer frente a uno de los principales problemas medioambientales del país: los incendios forestales como factor de degradación de los ecosistemas naturales”.
Para el Defensor del Pueblo “es necesario avanzar en la implantación de una gestión forestal sostenible y que es aconsejable incrementar la superficie forestal de calidad, donde la mezcla de especies autóctonas aumente la biodiversidad y genere masas forestales con mayor capacidad para recuperarse tras un incendio, e incide en que se ha de priorizar un uso racional del recurso que tenga en cuenta los aspectos ambientales, económicos y sociales”.
Fija su atención también en la necesidad de conjugar la planificación territorial, urbanística y forestal. “La planificación territorial y urbanística ha de preservar el uso del suelo forestal de la urbanización, y que las administraciones públicas tienen la obligación de ejercer rigurosamente la potestad de restablecer la legalidad urbanística con el fin de evitar que se consoliden urbanizaciones ilegales en los montes. Es crucial asegurar la coherencia entre política forestal y urbanística”.
Señala que “las administraciones públicas han de asumir y enfrentar el incremento de recursos públicos necesarios para atender las labores de extinción, la indemnización de los daños y la restauración de los montes”.
Y considera preciso “disponer de un marco de actuación e intervención común y consensuado que garantice la coordinación de distintas administraciones y organismos públicos, así como el empleo eficiente de los recursos disponibles. Las administraciones deben dotarse de equipos multidisciplinares convenientemente formados y capaces de intervenir, no solo en las acciones de extinción sino en la evaluación de las medidas de gestión que haya que aplicar en cada lugar”.
